La coreografía del consenso: un Congreso sin grieta ni coraje
En la sesión del miércoles 10 de julio, el Senado argentino aprobó por unanimidad una batería de proyectos: la moratoria previsional, una nueva ley marco sobre discapacidad, la declaración de emergencia en Bahía Blanca y varias iniciativas menores. La escena fue prolija, los discursos sobrios, el trámite rápido. No hubo debate.
Lejos de ser una señal de madurez institucional, lo ocurrido parece confirmar una hipótesis más incómoda: el Senado ha optado por refugiarse en un protocolo de acuerdos mínimos para no discutir todo lo que resta de lo verdaderamente ineludible. Lo que aparece como un gesto de unidad política es, en rigor, un pacto de evasión mutua frente a la crisis estructural del país.
La moratoria previsional permite que cerca de 400.000 personas accedan a una jubilación mínima sin haber completado los años de aportes. Es un parche clásico del Estado argentino para no asumir el colapso de su sistema previsional ni la informalidad estructural del mercado laboral.
No se discutió la sostenibilidad del sistema. No se abordó el peso fiscal. No se planteó una reforma previsional integral. Solo se repitió el gesto demagógico de siempre: convertir una emergencia estructural en política permanente.
Bahía Blanca: la ley que llega cuando el daño ya está hecho
También se aprobó la declaración de emergencia para Bahía Blanca, seis meses después del temporal que dejó 13 muertos, miles de damnificados y un entramado urbano devastado.
El Congreso reacciona tarde, como si los hechos no apremiaran. Y cuando reacciona, lo hace con leyes sin músculo presupuestario ni ejecución inmediata. La emergencia votada no incluye partidas específicas, no obliga a ninguna acción directa, no compromete a ningún funcionario. Es un gesto simbólico, sin consecuencias reales. La ciudadanía espera respuestas. El Congreso ofrece solemnidad.
Discapacidad: avances normativos que no alcanzan a devenir derechos
La nueva ley de discapacidad intenta actualizar el marco legal argentino a los estándares de la Convención Internacional. Es un avance normativo: promueve accesibilidad, autonomía y no discriminación. Pero sin financiamiento real, sin metas de ejecución ni vigilancia institucional, la ley corre riesgo de convertirse en letra muerta.
Lo que no se dijo, lo que no se votó
Mientras el Senado votaba con sonrisas, el país seguía cayendo. No se discutieron temas cruciales como:
La inflación interanual, que supera el 195% (según el IET). La pérdida del poder adquisitivo, que acumula más de un 30% en dos años. La deuda con el FMI, que condiciona toda la política fiscal y monetaria. El colapso ambiental y las alertas del último informe del Ministerio de Ambiente. El deterioro del sistema federal, con provincias desfinanciadas y tensión institucional. El Congreso no está paralizado. Está cautivo de su propia cobardía.
Unanimidad como coartada
No debe confundirse con un consenso sólido. No expresa un acuerdo profundo ni una estrategia común. Es una coartada parlamentaria, un mecanismo para no confrontar ni asumir costos políticos.
Frente a una ciudadanía que desconfía, frente a una institucionalidad deslegitimada, el Senado eligió la forma sin el fondo, el gesto sin el riesgo, la paz sin verdad. Mientras el país se debate entre el ajuste, la deuda, la informalidad laboral y la emergencia climática, el Senado se permite sesiones de cartón pintado. Lejos de asumir la crisis como materia legislativa, elige recostarse sobre la comodidad de las unanimidades estériles.
El Senado votó todo. Pero no dijo nada. Y en tiempos de crisis, callar también es una forma de gobernar.