A las 19:01 del viernes pasado, el presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un mensaje en su cuenta personal en X, en el que promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda llamada $LIBRA.
«La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA», publicó el mandatario libertario, que siempre fue un entusiasta de la tokenización de la economía.
Tras este aval, la capitalización de mercado de la criptomoneda llegó a trepar por encima de los US$4.000 millones, impulsada por unos 40.000 compradores, según los expertos. Sin embargo, en apenas unas horas el valor de $LIBRA se desplomó. Ocurrió luego de que un pequeño grupo de billeteras digitales retirara cerca de US$90 millones, más del 80% del dinero circulante.
Uno de los principales impulsores del lanzamiento de $LIBRA es el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures.
El pasado 30 de enero el experto estadounidense se reunió con Milei en la Casa Rosada con el propósito de «acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de la Argentina una potencia tecnológica mundial», según señaló el propio presidente en un post que publicó tras el encuentro.
Sobre $LIBRA, Davis señaló que «definitivamente el lanzamiento no salió como estaba planeado», pero negó una de las principales acusaciones que han surgido sobre el token, y es que se trató simplemente de una estafa a través de una maniobra conocida en inglés como rugpulling, en la que se crea una criptomoneda y se le da valor a través de inversores y promotores, solo para luego retirar todo el dinero.
Uno de los principales impulsores del lanzamiento de $LIBRA es el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures.
El impacto político y legal
Apenas explotó el escándalo, sectores de la oposición presentaron tanto demandas judiciales contra el presidente como pedidos de que sea llevado a juicio político por su presunta participación en una «megaestafa».
Según la denuncia penal, que este lunes recayó en la jueza federal María Romilda Servini, Milei habría integrado una «asociación ilícita» que estafó «a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares».
La jueza acumulará la demanda original con otras que se presentaron durante el fin de semana contra el presidente por los presuntos delitos de estafa, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de la ley de Ética Pública.
Por su parte, el gobierno, que negó de forma oficial cualquier vínculo con $LIBRA, tomó dos medidas ante el escándalo.
Por un lado, le dio «intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente», según se comunicó desde la cuenta de la Oficina del Presidente en X.
Por otra parte, Milei anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que funcionará bajo la órbita de la Presidencia de la Nación (a cargo de Karina Milei, hermana y brazo derecho del mandatario) y tendrá la función de analizar el caso.
La UTI estará compuesta por representantes de organismos vinculados a los criptoactivos, actividades financieras y lavado de activos.