El gobernador Martín Llaryora asistió a la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia por el reclamo que la Provincia mantiene ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones.
Llaryora hizo un enfático pedido de justicia y solicitó al Máximo Tribunal de Justicia de la Nación que facilite las condiciones para alcanzar un acuerdo o disponga un fallo para que los cordobeses reciban los fondos que corresponden por ley a la Provincia.
“Vengo como gobernador a reclamar y defender un derecho de los cordobeses y en especial de los jubilados”, expresó.
En ese sentido, el Gobernador recordó que la deuda de la Nación con la caja de jubilaciones supera el billón de pesos.
Asimismo, destacó la posición de la Corte Suprema y la valentía de citar a una audiencia de conciliación, defendiendo la institucionalidad.
“A la República le irá bien cuando todos cumplamos las leyes. Y lo que estamos viendo acá es un incumplimiento manifiesto, unilateral, con los aportes que le tienen que mandar a los jubilados cordobeses”, subrayó.
Agregó que la deuda con la Caja supera un billón de pesos, lo que equivale “a casi un 50 por ciento de lo que la Provincia invierte en infraestructura”.
Fruto de esta audiencia, se acordó volver a reunir a las partes dentro de 15 días para analizar propuestas concretas ante el reclamo de Córdoba.
En su presentación, Llaryora expresó su deseo de encontrar soluciones definitivas al reclamo de la deuda previsional.
Asimismo, continuó Llaryora, la actual inobservancia del régimen de asistencia financiera para las provincias cuyos regímenes previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional constituye sin duda “un acto discriminatorio con los jubilados que pertenecen a las provincias que no transfirieron sus Cajas y un debilitamiento grave de la vida institucional de la Argentina, puesto que la normativa aplicable ha sido debatida y acordada en el Congreso de la Nación, en ejercicio de tal premisa constitucional”.
“En definitiva, el incumplimiento persistente del Estado Nacional, de no asumir lo acordado que aquí se reclama, también implica una afectación concreta y grave al funcionamiento de nuestra organización como República”, enfatizó.