Familiares de personas con discapacidad, profesionales de la salud y transportistas se manifestaron en rechazo del borrador de un decreto que desregula el Nomenclador de los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad: el monto mínimo que deben pagar las obras sociales y prepagas por las prestaciones para las personas con discapacidad.
La norma se dio a conocer el pasado 10 de mayo y establece que las prestaciones financiadas por los organismos públicos –establecidas por la Ley 24.901– “se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas”.
Es decir, si antes las personas con discapacidad contaban con ser atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, ya sea PAMI, pensión o prepaga, a partir de este decreto solo podrán acceder quienes puedan costearlo.
El decreto intenta romper el sistema de prestaciones básicas que costó muchos años de lucha y que hasta el momento ha sido muy efectivo, incorporando a miles de personas con discapacidad al acceso por los derechos. Esto significa volver 25 años atrás