La Corte Suprema de Brasil ordenó la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, tras considerar que incumplió las medidas cautelares que se le habían impuesto en el marco del proceso por intento de golpe de Estado. La decisión fue firmada por el juez Alexandre de Moraes, quien lleva adelante la causa en el Supremo Tribunal Federal.
Además de quedar bajo arresto domiciliario, Bolsonaro tiene prohibido recibir visitas que no sean de familiares cercanos o de sus abogados. La Policía Federal ya ejecutó el allanamiento de su residencia para confiscar dispositivos electrónicos que podrían haber sido usados para vulnerar las restricciones judiciales, entre ellas, el uso de redes sociales.
La medida responde a una serie de publicaciones difundidas el domingo desde cuentas vinculadas a Bolsonaro —incluyendo las de sus tres hijos, todos parlamentarios—, en las que se cuestiona abiertamente al Supremo Tribunal y se alienta una intervención extranjera sobre el Poder Judicial brasileño. También se promovía una amnistía general para los acusados de golpismo.
Las manifestaciones del fin de semana contaron con una importante presencia de simpatizantes bolsonaristas en las calles, y coincidieron con un gesto inédito desde Washington: el gobierno del expresidente Donald Trump impuso sanciones contra autoridades judiciales brasileñas. Las medidas incluyeron el retiro de visas, bloqueo de bienes del juez De Moraes y un aumento del 50% en aranceles sobre productos brasileños, condicionando su levantamiento al cese del juicio contra Bolsonaro.
En este contexto, sectores cercanos al expresidente intentan reimpulsar el pedido de destitución del magistrado De Moraes, figura central en las causas que afectan a la ultraderecha brasileña. Sin embargo, los intentos anteriores no lograron respaldo suficiente en el Senado.
La defensa de Bolsonaro insiste en que su cliente no violó ninguna restricción judicial y que la decisión de imponerle prisión domiciliaria carece de sustento legal. Aun así, el escenario judicial del exmandatario se complica cada vez más y sus vínculos con el poder político y mediático internacional vuelven a quedar en evidencia.
En América Latina, la sombra del golpismo no ha desaparecido: solo mutó, se camufló en discursos libertarios, en campañas digitales masivas y en alianzas con fuerzas extranjeras que no dudan en intervenir si sus intereses se ven comprometidos. El caso Bolsonaro —como antes el de Trump o el de Castillo en Perú— expone un entramado de poder que combina política, negocios, medios y justicia. La prisión domiciliaria del expresidente brasileño no cierra una etapa: apenas comienza otra, con consecuencias que aún no alcanzamos a dimensionar.