El reciente anuncio de la eliminación de más de 110 mil pensiones no contributivas por discapacidad evidencia una política de ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
El Gobierno nacional ha anunciado la eliminación de 110.522 pensiones no contributivas por discapacidad laboral, argumentando supuestas irregularidades en su otorgamiento y la necesidad de reducir el gasto público.
Esta medida ha sido duramente criticada por organizaciones y referentes del sector. Gabriela Troiano, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), calificó la decisión como «absolutamente perversa» y denunció la falta de transparencia en las auditorías que justificaron la eliminación de las pensiones.
El ajuste también se manifiesta en el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por unanimidad en el Senado. Este veto ha generado movilizaciones en todo el país, donde personas con discapacidad, sus familias y organizaciones sociales exigen la restitución de derechos y denuncian la violencia institucional que padecen.
Eduardo Maidana, del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló que el Gobierno «no comprende que el otorgamiento de pensiones no contributivas es una reparación a la situación de desigualdad y vulnerabilidad que vive este sector».
Las políticas actuales representan un retroceso en los derechos conquistados por las personas con discapacidad, quienes enfrentan una creciente precarización de sus condiciones de vida y una reducción de las prestaciones esenciales para su inclusión y autonomía.