Tras varios días de negociación con los bloques dialoguistas, La Libertad Avanza, que pretende que la norma sea debatida en el plenario de Diputados esta semana, aún no logra el suficiente consenso. El nuevo proyecto baja algunas pretensiones, pero mantiene el espíritu de quita de derechos del texto original.
Jubilaciones: según el nuevo texto, la fórmula vigente para actualizar el sueldo a los jubilados se mantendrá hasta abril y desde entonces la actualización sería mensual, tomando como base la inflación señalada por el Indec. Preocupa, incluso a los bloques dialoguistas, que de este modo en el empalme entre un sistema y otro las jubilaciones podrían quedar dos meses atrasadas respecto a la suba de precios.
Superpoderes. La delegación de facultades de otros poder hacia al Presidente en el proyecto original era de dos años prorrogables por dos años más. Ahora sería de un año prorrogable por otro.
Privatizaciones. El nuevo proyecto excluye a YPF de las empresas públicas susceptibles de ser privatizadas. Otras, como el Banco Nación y Arsat podrán ser privatizadas parcialmente; y la mayoría, tal como pretendía Milei en el proyecto original, podrán ser totalmente privatizadas: es el caso de los medios públicos, los trenes, Aerolíneas, Aysa, la administración General de Puertos, Enarsa y Télam entre muchas otras.
El proyecto establece limitaciones a los empleados públicos para ejercer actividad política: “Los empleados y funcionarios públicos –dice el texto- no podrán (…) conducir y/o participar relevantemente en actividades oficiales ajenas a sus competencias con fines manifiestamente partidarios o de promoción personal”.
La posibilidad de cobrar aranceles a estudiantes extranjeros en las Universidades Públicas, se mantiene en el nuevo proyecto. La absurda prohibición de reuniones sin aviso en el espacio público de más de 3 personas, en la nueva versión se mantiene a partir de los 30 participantes en vez de 3.
El proyecto elimina las jubilaciones de privilegio para las y los Presidentes y Vicepresidentes de la Nación. En cambio, mantiene las de los supremos de la Corte.
La reforma electoral se eliminó del proyecto y en todo caso sería tratado en el período de sesiones ordinarias. También se quitó la modificación del Código Civil y Comercial.
La Asociación de Magistrados, el organismo que representa a la corporación judicial, calificó como “positiva la rectificación del Poder Ejecutivo eliminando el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires” de la Ley Ómnibus. Ese es uno de los puntos en los que el gobierno cedió para buscar dictamen sobre la norma. La Asociación advirtió que si pretende imponerla en sesiones ordinarias, también la resistirá. (N.E.)
El Ejecutivo enviaría hoy al Congreso un proyecto para que vuelva el impuesto a las Ganancias, eliminado por Sergio Massa. Aún se desconoce el texto, aunque trascendió que recaería sobre aquellos que perciben más de 1.350.000 pesos, que la escala se actualizaría trimestralmente, y que La facultad para cambiar los montos de las escalas quedaría en manos del Ejecutivo.