El anuncio reciente de ANSES sobre el aumento del 1,62% en jubilaciones, pensiones y asignaciones para el mes de agosto expone, una vez más, la precariedad del sistema previsional argentino bajo la gestión de Javier Milei. Un aumento que apenas roza el maquillaje estadístico —basado en el IPC de junio— y que no logra compensar la pérdida real del poder adquisitivo que arrastran desde hace meses millones de personas mayores.
Mientras el Gobierno difunde con entusiasmo la cifra de 384.305,37 pesos como ingreso total para quienes perciben la jubilación mínima, omite aclarar que más del 18% de ese monto corresponde a un bono no remunerativo y discrecional. Es decir: no es parte del haber real ni se incorpora a futuras actualizaciones. Esta modalidad —ya instalada como norma— transforma los bonos en un parche transitorio que encubre el deterioro estructural del sistema jubilatorio.
La misma lógica se replica en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y en las Pensiones No Contributivas, que también requieren del bono estatal de $70.000 para superar los valores mínimos y acercarse al umbral de subsistencia. El mensaje político es claro: se sostiene la ficción de aumentos mientras se desmantela, en paralelo, la capacidad real del Estado de garantizar derechos económicos estables y previsibles.
La situación de las asignaciones familiares y la AUH no es distinta. Aunque se anuncian cifras como los 112.942 pesos para la AUH o los 367.757 pesos para AUH por hijo con discapacidad, se hace sin correlato con el índice de inflación acumulada ni con los costos reales de vida. Un combo que termina ubicando estas transferencias por debajo de la línea de pobreza, pese al supuesto “ajuste” por IPC.
El incremento del 1,62% responde estrictamente a la fórmula de movilidad y se basa en un mes —junio— en el que la inflación fue artificialmente contenida por decisiones transitorias. En otras palabras, la variación de precios “medida” no refleja la realidad en las góndolas, los alquileres ni los medicamentos.
Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en mostrar estos aumentos como un “alivio” para los jubilados y beneficiarios, cuando en realidad consolidan un nuevo esquema: haberes bajos, sostenidos por bonos discrecionales, sin previsibilidad, y con una clara intención de desvincular las jubilaciones del salario y del crecimiento económico.
La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿cuánto más se puede ajustar a los sectores más vulnerables sin quebrar el contrato social? ¿Hasta qué punto se tolerará que las jubilaciones, que deberían ser un derecho, se transformen en asistencia precaria sujeta a la voluntad del gobierno de turno?