El Gobierno nacional presentó un proyecto para reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006, con una nueva “Ley de Libertad Educativa” que reconfigura los niveles de educación inicial, primaria y secundaria.
La iniciativa, que consta de 136 artículos, pone el foco en la familia como “agente natural y primario de la educación” y redefine al Estado en un papel “subsidiario”. Entre sus propuestas más polémicas se encuentra la habilitación del home schooling (educación en el hogar), sin edad mínima establecida, con acreditación mediante “exámenes periódicos”.
Además, el proyecto incorpora modalidades como la educación híbrida y a distancia, y reconoce que cada escuela podrá diseñar planes de estudio propios alineados con su ideario, aunque deberá respetar “contenidos mínimos comunes” definidos por la Nación.
En materia de calendario escolar, se limita el mínimo a 540 horas anuales para el nivel inicial y 720 para primaria y secundaria. Por otra parte, el texto propone que hasta el 25 % del tiempo escolar quede reservado para un “espacio de autonomía curricular”.
Otro punto de la reforma es permitir que las jurisdicciones ofrezcan enseñanza religiosa confesional, de forma optativa y fuera del horario escolar.
En cuanto a la evaluación, se mantendrían los exámenes nacionales (como el Aprender) con frecuencia anual y características censales para último año de primaria y secundaria. Según el borrador, también se podrán publicar los resultados por escuela, aunque sin identificar a estudiantes o docentes individualmente.
Finalmente, el proyecto modifica el financiamiento educativo: elimina la meta histórica de invertir el 6 % del PBI en educación, y refuerza la idea de un Estado que interviene “de manera complementaria” ante instituciones y familias que no puedan garantizar la educación por sí mismas.
La propuesta generó ya fuertes debates, y será clave seguir su avance legislativo para conocer su impacto real en el sistema educativo nacional.