La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido de acceso a la información pública para saber si Javier Milei fue sometido a algún examen, junta médica o evaluación destinada a determinar su aptitud psicofísica para ejercer la Presidencia. El gremio pidió conocer si existe un dictamen y, en caso de que no exista una evaluación de ese tipo, reclamó que se realice.
El pedido volvió a poner en escena las declaraciones de dirigentes y especialistas sobre la conducta pública del Presidente. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó que Milei tendría algún tipo de psicosis. Esa afirmación pertenece al dirigente sindical y no constituye, por sí misma, un diagnóstico médico comprobado.
El psiquiatra Enrique Stola también analizó públicamente el perfil de Milei. En diálogo con Página/12 describió aspectos de su comportamiento y de su forma de ejercer el poder, pero el debate obliga a separar dos cuestiones: observar una conducta pública y establecer un diagnóstico clínico. Lo segundo requiere una evaluación profesional que no puede ser reemplazada por declaraciones, videos o intervenciones mediáticas.
Desde el psicoanálisis, Nora Merlin también se refirió al comportamiento del Presidente. En una entrevista de este año sostuvo que un profesional de la salud mental no puede diagnosticar a una persona que no es su paciente. Para Merlin, el diagnóstico requiere un proceso clínico y condiciones que no existen cuando se observa a una figura pública desde afuera.
Ese límite resulta especialmente importante cuando la discusión se instala en el terreno político. Las expresiones, decisiones y modos de comunicación de un Presidente forman parte de su exposición pública y pueden ser analizados políticamente, socialmente o desde distintas disciplinas. Pero convertir esas observaciones en una enfermedad determinada supone dar un paso que requiere evidencia clínica.
ATE, en cambio, llevó el planteo hacia otra cuestión: la aptitud para ejercer una función pública. El sindicato sostiene que debería conocerse si existe una evaluación de ese tipo y anunció, además, que impulsará una iniciativa para que quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen preocupacional y presentar un apto psicofísico a partir de 2027.
El planteo abre una discusión que va más allá de la figura de Milei: qué controles corresponden a quienes ocupan las máximas responsabilidades del Estado, quién debería realizar esas evaluaciones y bajo qué criterios. También plantea la necesidad de establecer una frontera clara entre el derecho a la intimidad y la aptitud para desempeñar una función pública.
Mientras ATE reclama conocer si existe una evaluación oficial de aptitud, los profesionales consultados ponen el foco en otro aspecto: sin una evaluación clínica no hay diagnóstico que pueda presentarse como hecho.
Entre ambas cuestiones queda planteado un debate que combina política, salud mental, responsabilidades institucionales y derechos individuales.
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