Por Gustavo Billarruel
El ataque contra Nadia Beller en Bolivia abrió una investigación que ya trasciende el hecho criminal.
La situación procesal de Fernando Cerimedo, sus vínculos con el poder político boliviano y las declaraciones de Beller sobre una trama que también tiene derivaciones en Argentina ponen en el centro de la escena una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el poder político, la Justicia y la información sensible quedan entrelazados?
Un ataque que ya no puede leerse como un hecho aislado
Nadia Beller permanece internada en Santa Cruz de la Sierra después de haber recibido varios disparos. La investigación tiene como principal acusado a su expareja, Fernando Cerimedo, quien fue detenido y enfrenta un pedido de prisión preventiva mientras avanza la causa por tentativa de feminicidio.
Fue intervenida de urgencia y permanece lúcida y estable. Hay, entonces, una primera realidad que no debería perderse entre declaraciones políticas, cruces mediáticos y especulaciones: una mujer fue atacada a tiros y permanece internada mientras la Justicia intenta determinar qué sucedió.
Pero el caso rápidamente dejó de ser solamente un expediente policial.
Un hombre cerca del poder
El vicepresidente boliviano, Edman Lara, afirmó que Cerimedo era asesor personal del presidente Rodrigo Paz, que participaba en reuniones de gabinete, intervenía en designaciones y tenía incidencia en la comunicación del Gobierno.
La afirmación no es menor.
Si Cerimedo efectivamente ocupaba ese lugar de cercanía con la estructura de poder boliviana, resulta inevitable preguntarse cómo llegó hasta allí, qué funciones desempeñaba, quién le otorgó semejante nivel de influencia y cuáles eran los mecanismos institucionales de control sobre sus actividades.
El propio Lara cuestionó la cercanía de Cerimedo con el Gobierno y reclamó explicaciones. Paz, por su parte, expresó su solidaridad con Beller y aseguró que ordenó una investigación profunda, transparente y exhaustiva, además de garantizar seguridad y protección para la mujer.
La Justicia deberá determinar las responsabilidades penales. Pero la política también tiene que explicar sus propias responsabilidades institucionales.
El caso también golpea las puertas de Argentina
La historia vuelve a cruzar la frontera cuando aparece la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La diputada Marcela Pagano solicitó al juez Ariel Lijo que Nadia Beller sea citada como testigo en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ANDIS.
Beller había declarado públicamente que Cerimedo le contó que él y su esposa, Natalia Basil, habían participado de la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo. También sostuvo que, según lo que le habría transmitido su expareja, integrantes del entorno de Javier Milei, incluida su hermana Karina Milei, estarían vinculados con presuntos hechos de corrupción.
Hay que ser rigurosos en este punto: se trata de declaraciones y acusaciones que deben ser investigadas y que no pueden presentarse como hechos comprobados.
Precisamente por eso, una eventual declaración judicial de Beller puede resultar relevante. La Justicia debe establecer qué sabe, qué puede acreditar y qué valor tienen sus dichos dentro de una investigación que ya tiene sus propios elementos y recorridos judiciales.
La protección no puede quedar en segundo plano
Pagano también pidió que se active el Programa Nacional de Protección a Testigos y que Beller pueda declarar mediante videoconferencia, además de solicitar que se preserve la información que las autoridades bolivianas hayan recuperado de su teléfono.
En este punto, la discusión deja de ser exclusivamente política.
Si una mujer internada, después de sobrevivir a un ataque armado, puede aportar información de interés para una investigación judicial, el Estado debe garantizar que pueda hacerlo con seguridad y libertad.
No debería importar de qué lado del escenario político se encuentre la persona involucrada. Tampoco quién pueda resultar beneficiado o perjudicado por sus declaraciones.
La protección de un posible testigo no puede depender de la conveniencia de un gobierno, de una oposición o de una disputa partidaria.
Entre las pruebas y las versiones
El caso también quedó atravesado por una versión planteada por la defensa de Cerimedo.
Su abogada, Margarita Arce, sostuvo públicamente que Beller habría organizado el ataque y habló de un supuesto “autoatentado”. Esa es la hipótesis de la defensa y no constituye una conclusión de la investigación judicial.
Será la Justicia la que deberá determinar qué ocurrió mediante pruebas, peritajes, testimonios y todos los elementos que puedan incorporarse al expediente.
Ese límite importa.
En tiempos en los que una declaración puede convertirse en tendencia en cuestión de minutos y una acusación puede instalarse antes de que exista una prueba, el periodismo tiene una responsabilidad que no puede delegar: distinguir entre un hecho, una denuncia, una hipótesis y una verdad judicial.
No es una cuestión menor. Es la diferencia entre informar y condenar.
Cuando las fronteras del poder se vuelven difusas
El caso Beller-Cerimedo terminó conectando dos países y varios escenarios que, a primera vista, parecían separados: un ataque armado, una investigación por violencia de género, el poder político boliviano, vínculos con dirigentes argentinos, denuncias sobre presuntas irregularidades y una causa que investiga el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Demasiadas piezas para mirar cada una por separado.
Porque detrás de los nombres propios aparece una cuestión mucho más profunda: cómo se controla a quienes llegan a ocupar espacios de poder y qué ocurre cuando esas relaciones empiezan a quedar bajo sospecha.
La política necesita controles. La Justicia necesita independencia. Y el periodismo necesita distancia suficiente para preguntar incluso cuando las respuestas resultan incómodas.
No alcanza con saber quién está acusado. También hay que preguntar quiénes lo rodeaban, qué funciones desempeñaba, qué información manejaba y qué instituciones estaban al tanto.
Las preguntas que quedan abiertas
Todavía no existe una verdad judicial definitiva sobre el ataque contra Nadia Beller. Tampoco corresponde transformar denuncias políticas en condenas anticipadas.
Pero sí hay preguntas que ya forman parte de la agenda pública.
¿Cómo llegó Fernando Cerimedo a ocupar un lugar de tanta cercanía con el poder boliviano? ¿Qué responsabilidades tenía? ¿Quién controlaba su actividad? ¿Qué información puede aportar Beller sobre las denuncias que involucran a actores políticos argentinos? ¿Podrá declarar con las garantías necesarias? ¿Qué determinará finalmente la investigación sobre el ataque que la dejó internada?
Son preguntas que no deberían responderse desde la militancia, la conveniencia política ni el ruido de las redes sociales.
Deberán responderse con investigación, documentos, pruebas y Justicia.
Porque cuando una mujer termina internada después de recibir varios disparos y, al mismo tiempo, aparece vinculada como posible testigo a investigaciones que rozan estructuras de poder, la sociedad tiene derecho a saber qué ocurrió y también a saber que nadie está por encima de las instituciones.
El caso Beller-Cerimedo todavía está abierto. Y quizás su dimensión más importante no esté solamente en lo que ya conocemos, sino en todo aquello que la investigación todavía tiene que explicar.
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