Un grupo de senadores pidió explicaciones al jefe de Gabinete y al ministro de Economía por la baja ejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial. En los primeros cinco meses de 2026 ingresaron $450.500 millones y se destinaron $83.144 millones a obras. La discusión se cruza con una denuncia de Marcela Pagano sobre presuntas transferencias de fondos a gobernadores aliados.
Solo una parte de los recursos llegó a las obras viales
Un grupo de senadores del bloque peronista presentó un proyecto para citar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que expliquen qué ocurrió con los recursos destinados a la infraestructura vial.
Según los datos difundidos por los legisladores, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial recaudó $450.500 millones durante los primeros cinco meses de 2026, pero solamente se ejecutaron $83.144 millones en obras. El monto representa el 18,5% de los fondos ingresados.
La iniciativa fue encabezada por la senadora Ana Marks, quien reclamó explicaciones sobre el destino de los recursos y cuestionó que una proporción tan reducida haya sido utilizada para mejorar las rutas del país.
La discusión adquiere especial relevancia en un contexto en el que distintas actividades productivas vienen advirtiendo sobre el deterioro de la infraestructura vial y sus consecuencias sobre los costos de transporte.
Una denuncia que suma tensión al debate
La polémica se profundizó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien acusó a funcionarios del Gobierno de haber utilizado recursos públicos para favorecer a gobernadores aliados a cambio de respaldo legislativo.
Pagano realizó una presentación penal en la que denunció presuntos delitos de administración fraudulenta, cohecho y malversación de caudales públicos. La legisladora también difundió un detalle de transferencias que, según su interpretación, estuvieron vinculadas temporalmente con votaciones de distintas leyes impulsadas por el oficialismo.
Entre los montos mencionados aparecen transferencias por $11.987 millones vinculadas a Jujuy, $13.493 millones a Misiones, $2.322 millones a Tucumán, $2.104 millones a Santa Cruz y $1.787 millones a Salta.
Se trata de acusaciones que deberán ser investigadas y acreditadas en las instancias correspondientes. Hasta el momento, los datos difundidos por Pagano constituyen el fundamento de su denuncia y no una conclusión judicial sobre la existencia de esos delitos.
La pregunta sobre el destino del dinero
El debate político quedó atravesado así por una cuestión central: qué destino tuvieron los recursos recaudados para la infraestructura vial que no fueron ejecutados en obras.
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial tiene como finalidad financiar obras relacionadas con las rutas. Por eso, la diferencia entre lo recaudado y lo efectivamente utilizado plantea interrogantes sobre la administración de esos recursos y sobre las prioridades definidas por el Gobierno nacional.
La discusión no queda limitada a las cuentas públicas. El estado de las rutas tiene consecuencias directas sobre quienes las utilizan diariamente: trabajadores que se trasladan entre localidades, transportistas, productores, empresas y familias.
El deterioro vial también golpea a la producción
Desde distintos sectores productivos se vienen planteando reclamos por el estado de las rutas y el impacto que tiene sobre los costos.
En Tucumán, el presidente de la Sociedad Rural provincial, José Frías Silva, manifestó su preocupación por el deterioro de la infraestructura vial y señaló que el aumento de los fletes afecta directamente a los productores.
La situación también fue planteada por autoridades provinciales del Norte Grande, que reclamaron al Gobierno nacional obras de infraestructura consideradas necesarias para sostener la actividad económica y productiva.
En ese escenario, la discusión sobre la ejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial adquiere una dimensión que excede la disputa entre oficialismo y oposición: cada peso que no llega a una obra también puede traducirse en mayores costos para quienes producen y trabajan.
El Gobierno deberá explicar cómo se administraron los fondos
El pedido de los senadores busca que las autoridades nacionales brinden información sobre la utilización de los recursos y expliquen las razones de la baja ejecución registrada durante los primeros meses del año.
Mientras tanto, la denuncia de Pagano abrió otra línea de investigación sobre las transferencias de fondos a las provincias y su eventual relación con el comportamiento legislativo de los gobernadores aliados al oficialismo.
Ambas cuestiones deberán transitar los canales institucionales correspondientes. Lo que queda planteado, en el centro del debate, es una pregunta que atraviesa directamente la administración de los recursos públicos: si se recauda dinero con un destino determinado, cuánto de ese dinero llega finalmente a las obras para las que fue previsto y qué ocurre con el resto.
En un país donde las rutas son una pieza fundamental para conectar regiones, transportar producción y garantizar la circulación cotidiana, la respuesta no es solamente una cuestión contable. También es una cuestión de transparencia, infraestructura y responsabilidad en el manejo de los recursos de todos los argentinos.
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