Escribe: Gustavo Billarruel
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa limita su capacidad para financiar al Tesoro, redefine sus objetivos y habilita el uso de activos de la entidad como garantía para endeudamiento externo. Ahora deberá ser debatida por el Senado.
El oficialismo consiguió 144 votos a favor frente a 102 en contra y presentó la reforma como una herramienta para terminar con la emisión destinada a cubrir el déficit y avanzar hacia la erradicación de la inflación. El proyecto establece como prioridad la preservación del valor de la moneda y elimina del esquema otros objetivos vinculados con el empleo y el desarrollo económico.
La oposición cuestionó especialmente el alcance de la iniciativa y advirtió que el Estado perderá instrumentos para responder ante situaciones de emergencia, sostener la actividad o impulsar políticas de desarrollo. Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 13, que permite utilizar activos del Banco Central como garantía para tomar deuda externa. Los bloques opositores pidieron que ese artículo fuera votado de manera individual, pero el oficialismo rechazó la propuesta.
La discusión excede el funcionamiento de una institución monetaria. Modificar sus facultades significa también definir qué herramientas tendrá el Estado frente a futuras crisis. La estabilidad de la moneda es un objetivo necesario, pero el debate plantea si puede alcanzarse dejando en un segundo plano cuestiones como el empleo, la producción y el desarrollo.
La jornada parlamentaria también mostró las tensiones de la economía cotidiana. Las ventas de combustibles acumularon seis meses de caída interanual, la industria santafesina retrocedió durante el primer semestre y la Unión Industrial Argentina reclamó medidas para aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas. En Tucumán, además, la desocupación llegó al 7,1 por ciento durante el primer trimestre de 2026.
En ese contexto, el Gobierno anunció créditos hipotecarios por unos 2 billones de pesos, financiados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. La propuesta fue presentada por el ministro Luis Caputo como una política de “justicia social”, aunque recibió cuestionamientos por el uso de recursos previsionales y por las características de los créditos, que contemplarían una tasa máxima de UVA más 7,5 por ciento.
El debate de fondo queda abierto: cómo construir una economía con estabilidad monetaria sin resignar herramientas para producir, generar empleo y responder ante las necesidades sociales. La reforma del Banco Central no afectará solamente a la actual administración. Sus reglas podrían condicionar las decisiones de los gobiernos que vengan y, con ellas, la capacidad del Estado para enfrentar las próximas crisis.
Por eso, más allá de las consignas de oficialismo y oposición, la discusión merece ser observada con una mirada de largo plazo. La Argentina necesita una moneda estable, cuentas públicas sostenibles y responsabilidad económica, pero también necesita conservar las herramientas que le permitan proteger el trabajo, impulsar la producción y atender las emergencias. Lo que hoy se decide en el Congreso no define solamente cómo funcionará el Banco Central: también establece cuánto margen tendrá el país para decidir sobre su propio futuro.
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