Por Gustavo Billarruel
Hay una discusión que venimos teniendo desde hace tiempo y que, para mí, necesita que cambiemos algunas palabras. Hablamos de economía, de inflación, de déficit, de inversiones, de crecimiento, de mercado. Hablamos de números, de cuánto entra y cuánto sale, pero muchas veces queda escondida una pregunta que considero mucho más importante: qué lugar ocupa la persona en el modelo económico que estamos construyendo.
Durante estos días estuve hablando mucho sobre el modelo económico del Gobierno de Javier Milei, un Gobierno que hizo de la reducción del Estado, la desregulación, la apertura económica y la confianza en el mercado una parte central de su programa. Y entonces creo que hay que discutir algo más que los números. Hay que discutir qué sociedad hay detrás de ese modelo.
Porque tengo una sospecha que cada vez se vuelve más difícil de ignorar: muchas veces llamamos fracaso a lo que, visto desde otro lugar, funciona perfectamente. ¿Fracaso para quién?
Si un modelo concentra oportunidades y riqueza en manos de unos pocos, mientras una parte importante de la sociedad queda peleando por llegar a fin de mes, tal vez el problema no sea solamente que el modelo funciona mal. Tal vez haya que preguntarse para quién funciona. Y acá aparece algo que me parece central: cada vez que en la Argentina se aplica una determinada concepción del libre mercado, volvemos a encontrarnos con consecuencias conocidas, como la concentración económica, la desigualdad y una sociedad cada vez más fragmentada, mientras algunos sectores encuentran condiciones para acumular patrimonio y rentabilidad.
Por eso también creo que tenemos que cambiar el lenguaje con el que hablamos de estas cosas.
Desde distintos sectores del campo nacional y popular muchas veces escuchamos que el mercado tiene que existir. Sí, existe y forma parte de cualquier sociedad: hay producción, comercio, empresas, bancos, trabajadores e intercambio. Pero una cosa es reconocer esa realidad y otra muy distinta es aceptar que el mercado tenga que ordenar toda nuestra vida social.
Ahí es donde mi mirada se distancia profundamente de quienes creen que el mercado puede reemplazar al Estado. Yo creo en un Estado presente, fuerte en aquellas responsabilidades que tienen que ver con garantizar derechos, cuidar a quienes quedan en una situación de mayor vulnerabilidad y equilibrar desigualdades. No porque el Estado sea perfecto, sino porque hay responsabilidades que no pueden quedar determinadas exclusivamente por la capacidad de pago de cada persona.
Hay una diferencia que para mí resulta fundamental. El mercado puede mirarnos y preguntarse cuánto podemos consumir, cuánto podemos pagar, qué podemos comprar o qué rentabilidad podemos generar. El Estado, en cambio, debería mirarnos de otra manera y preguntarse qué derechos tenemos y qué necesitamos para desarrollarnos.
Pensémoslo de una manera sencilla: si el mercado tuviera un rostro y pudiera mirarnos a los ojos, ¿qué vería? ¿A un hombre o a una mujer con una historia, una familia, sueños, dificultades y deseos de progresar? ¿A alguien que quiere trabajar, estudiar, formar una familia, tener una vivienda y construir un futuro? ¿O vería, fundamentalmente, a alguien susceptible de consumir?
Para mí, esa diferencia no es menor. Nosotros no somos solamente consumidores. Somos ciudadanos y ciudadanas, y tenemos derechos aun cuando no tengamos dinero para comprar.
Por eso no podemos pedirle al mercado aquello para lo que no fue pensado. Cuando una empresa cobra una deuda, quiere recuperar su dinero. Cuando un banco presta, espera recuperar el capital y obtener una rentabilidad. Cuando una compañía vende, quiere vender y cuando alguien invierte, espera ganar. No hay ningún misterio en eso.
El problema aparece cuando pretendemos que esa misma lógica sea la que determine nuestra vida social. Entonces nos sorprendemos por la dureza de determinados mecanismos de cobro, por la presión sobre quienes están endeudados o por la manera en que una persona es tratada cuando ya no puede pagar. Decimos: qué cruel, qué bestial, qué deshumanizado. Pero muchachos, es el mercado.
No le pidamos sensibilidad social a una lógica cuya prioridad es recuperar una deuda, vender un producto o preservar una rentabilidad. Para eso necesitamos otra cosa. Y esa otra cosa es el Estado.
Porque cuando el Estado se retira, el problema no desaparece. La pobreza sigue estando. La dificultad para acceder a una vivienda sigue estando. La persona mayor que no llega a fin de mes sigue estando. El joven que busca trabajo y no lo encuentra también sigue estando.
Lo mismo ocurre con quien necesita una política pública, una prestación, una atención sanitaria o condiciones adecuadas para ejercer sus derechos. Podemos discutir cuánto debe gastar el Estado, cómo debe administrar sus recursos y qué políticas son más eficaces. Por supuesto que sí. Lo que no podemos hacer es suponer que, si el Estado se corre, esas necesidades dejan mágicamente de existir.
Alguien ocupará ese lugar. Y si ese lugar queda exclusivamente en manos del mercado, serán las posibilidades de cada bolsillo las que terminen determinando qué puede hacer cada persona con su propia vida.
Por eso la discusión no debería reducirse a Estado o mercado como si necesariamente uno tuviera que desaparecer. El mercado está. Tiene una función y forma parte de nuestra vida económica. Pero yo no quiero que sea quien decida cuánto vale una vida, qué oportunidades merece alguien o quién puede acceder a determinados derechos.
Tampoco quiero una sociedad en la que la educación, la salud, la vivienda, la vejez o la discapacidad sean vistas únicamente como costos o mercancías. Una democracia no puede reducirse a consumidores comprando y una sociedad no puede medirse solamente por cuánto dinero circula.
Podemos tener crecimiento, inversiones y determinados indicadores económicos positivos, pero también tenemos que mirar qué sucede en las casas, en las escuelas, con los trabajadores, con los jubilados, con quienes buscan empleo y con las familias que tienen que elegir entre pagar una cosa u otra. Los números importan, claro que importan. Pero nunca pueden hacernos perder de vista a quienes están detrás de ellos.
Y vuelvo entonces a la pregunta del comienzo: ¿para quién funciona el modelo económico?
El Gobierno de Javier Milei puede defender su programa, mostrar sus resultados y sostener que el rumbo elegido está dando respuestas. Pero desde mi mirada, la discusión no termina en esos resultados. También hay que mirar qué pasa con quienes quedan en una situación de mayor vulnerabilidad, qué ocurre con las desigualdades y qué lugar conserva el Estado frente a las necesidades concretas de la sociedad.
No estoy planteando que el mercado desaparezca. Estoy diciendo que no quiero que gobierne nuestras vidas.
Quiero un Estado que esté presente, que garantice derechos y que entienda que una persona vale por ser persona y ciudadana, no por su capacidad de consumo.
Porque si dejamos que todo se mida por lo que cada uno puede comprar, corremos el riesgo de olvidar algo que debería ser básico: antes que consumidores somos ciudadanos.
Y entre una cosa y la otra hay una diferencia enorme.
Esa diferencia se llama derechos.
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