El Gobierno nacional oficializó la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por el plazo de un año, mediante la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial. La decisión, adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, implica que la Nación asuma el control operativo y técnico de una de las terminales marítimas más estratégicas del sur argentino.
Desde el organismo nacional señalaron que inspecciones realizadas durante el último año detectaron presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados al mantenimiento, además de deficiencias en infraestructura y en los protocolos de seguridad. Estos argumentos fueron expuestos como fundamento para avanzar con la medida administrativa.
La disposición generó un fuerte rechazo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El gobernador Gustavo Melella cuestionó la intervención al considerarla un avasallamiento de la autonomía provincial y anticipó que recurrirán a la Justicia para intentar frenar la decisión y recuperar el control del puerto.
El conflicto abre un nuevo frente de tensión institucional entre la Nación y la provincia en torno a la administración de un enclave clave para el turismo antártico, la actividad de cruceros y la logística regional, con impacto económico directo en la capital fueguina y en el esquema productivo del extremo austral del país.
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