Sindicatos estatales de todo el país resolvieron convocar a un paro general el 11 de febrero, fecha en la que está previsto que el Senado de la Nación comience a tratar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. La decisión fue tomada durante un encuentro del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, encabezado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que la huelga no debe ser una medida aislada y llamó a diseñar un plan de lucha previo a la sesión en la Cámara alta, con acciones coordinadas en distintas provincias. Según los gremios, la reforma también impactaría en el sector público, pese a las afirmaciones oficiales en sentido contrario.
Desde la conducción sindical se cuestionó la postura de gobernadores que, según su visión, respaldan la iniciativa oficial. Aguiar instó a las administraciones provinciales a reconsiderar su apoyo, en medio de críticas a las gestiones que consideran alineadas con el Gobierno nacional.
Los sindicatos sostienen que el proyecto de reforma laboral buscaría debilitar protecciones vigentes y favorecer a los empleadores, lo que genera un amplio rechazo entre trabajadores estatales de áreas como salud, energía, telecomunicaciones y servicios públicos.
La medida se enmarca en las sesiones extraordinarias del Congreso previstas para febrero, que incluirán, además de la reforma laboral, otros temas como acuerdos comerciales y proyectos ambientales.
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