Durante la sesión del Concejo Deliberante de ayer, el concejal Manuel Sosa expresó su voto negativo a dos proyectos impulsados por el oficialismo: la adhesión a la Resolución 02/2024 del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de Gobiernos Locales (FOCOM), y el convenio entre la Municipalidad de Villa María y la Cooperativa “7 de Febrero”.
Respecto al FOCOM, Sosa remarcó que se trata de una herramienta solidaria que históricamente ha servido para asistir a gobiernos locales con menos recursos. Sin embargo, fue categórico al advertir que “ese aporte sale directamente del esfuerzo de los vecinos de Villa María” y que la propuesta de duplicarlo —del 1% al 2%— resulta inoportuna y perjudicial en el actual contexto de crisis y deterioro estructural.
Actualmente, Villa María aporta aproximadamente 18 millones de pesos mensuales al fondo, lo que representa unos 220 millones al año. Sin embargo, según datos oficiales, en 2024 sólo se han autorizado pagos a proveedores por 92 millones. “Aportamos mucho más de lo que recibimos”, afirmó el concejal.
Con el aumento propuesto, el nuevo aporte podría ascender a 40 millones de pesos mensuales, sin que existan garantías de una devolución proporcional. “¿Tiene sentido duplicar un aporte que significa trasladar recursos de los villamarienses a toda la provincia, mientras nuestra ciudad se cae a pedazos?”, cuestionó Sosa, al tiempo que recordó el estado crítico de los servicios públicos, el abandono de espacios verdes, y el despido de más de 350 trabajadores municipales que afectó áreas clave como salud y mantenimiento urbano.
Por otra parte, en relación al convenio con la Cooperativa 7 de Febrero, Sosa también fundamentó su voto negativo al convenio firmado entre el Municipio y la cooperativa “7 de Febrero”, que delega en dicha entidad tareas de limpieza urbana en distintos espacios públicos como el Cementerio, la Plaza Independencia, la peatonal San Martín y los baños públicos.
El edil dejó en claro que su postura no implica un rechazo al trabajo cooperativo ni a la cooperativa en particular. “Valoramos el cooperativismo como forma solidaria de organización del trabajo, pero no puede ser utilizado como vehículo para institucionalizar condiciones laborales indignas, especialmente cuando el Municipio cuenta con recursos más que suficientes”, expresó.