La ciudad vuelve a estar en el centro de una crisis industrial, económica y social. Más de 120 trabajadores despedidos, una planta paralizada y una comunidad angustiada por el silencio de las autoridades. El conflicto en la Petroquímica Río Tercero revive fantasmas del pasado y expone la falta de respuestas políticas ante un problema que se agrava día a día.
Despidos masivos y toma de planta
El conflicto estalló la semana pasada, cuando la empresa desvinculó a 124 trabajadores alegando un plan de “reestructuración”. La respuesta fue inmediata: protestas, movilizaciones y la toma pacífica de las instalaciones por parte del personal afectado.
En medio del creciente malestar social, el lunes 15 de julio el Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria. Esto obligó a la empresa a reincorporar a los despedidos de manera temporaria por 15 días hábiles, mientras se abre una mesa de diálogo.
Sin embargo, los gremios advirtieron que la medida es solo un alivio momentáneo y que las causas estructurales del conflicto siguen sin resolverse.
Silencio oficial y ausencia política
Mientras el conflicto se profundiza, la respuesta de las autoridades provinciales y nacionales ha sido escasa o ambigua. El gobernador Martín Llaryora fue interpelado por dirigentes opositores y gremios que exigen su intervención directa, pero no ha emitido una declaración firme sobre la situación.
A nivel local, el intendente Marcos Ferrer también enfrenta cuestionamientos por su bajo perfil en un conflicto que afecta directamente a cientos de familias riotercerenses. “La ciudad no puede afrontar sola esta crisis”, expresó un referente sindical en conferencia de prensa.
Riesgo ambiental y preocupación social
Además del plano laboral, crece la inquietud por el impacto ambiental de una planta que opera con químicos peligrosos. Durante los días de paralización, trabajadores y vecinos denunciaron falta de mantenimiento y posibles fugas.
Barrios cercanos reportaron olores extraños y emanaciones, mientras la Secretaría de Ambiente provincial no realizó controles públicos. En una ciudad marcada por las explosiones de 1995, la memoria colectiva sigue alerta ante cualquier señal de riesgo químico.
Un caso que refleja una crisis mayor
Lo que ocurre en Río Tercero no es un hecho aislado. La crisis de la petroquímica refleja el deterioro industrial en Argentina, la fragilidad del empleo y la ausencia del Estado ante conflictos estratégicos.
La comunidad exige más que comunicados. Requiere acciones reales, compromiso político y garantías tanto para los puestos de trabajo como para la seguridad ambiental. Porque lo que está en juego no es solo una fábrica, sino el futuro de una ciudad entera.