El Gobierno reunió por primera vez a todo el bloque legislativo de La Libertad Avanza para ordenar una agenda de reformas que apunta al Banco Central, el sistema electoral y el esquema de subsidios.
Mientras busca consolidar su programa en el Congreso, la caída del consumo, el retroceso de la recaudación y los conflictos sociales plantean un escenario de creciente tensión.
La primera reunión de todo el bloque legislativo de La Libertad Avanza en la Casa Rosada dejó mucho más que una imagen de unidad. Javier Milei aprovechó el encuentro para ordenar políticamente a su fuerza y marcar el comienzo de una nueva etapa de gestión, con un paquete de reformas que el oficialismo considera clave para consolidar su programa económico y llegar fortalecido al próximo desafío electoral.
Las reformas que busca impulsar el Gobierno
El eje de esa estrategia pasa por el Congreso. Entre las iniciativas prioritarias aparecen la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para impedir el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria, la eliminación de las PASO, la reforma del régimen de Zona Fría y los cambios al proyecto de Inocencia Fiscal.
Se trata de un conjunto de medidas que busca redefinir reglas económicas e institucionales y que, al mismo tiempo, anticipa un intenso debate político.
La propuesta sobre el Banco Central ocupa un lugar central dentro de esa agenda. El Gobierno sostiene que limitar definitivamente la asistencia al Tesoro fortalecerá la estabilidad monetaria y contribuirá a evitar desequilibrios fiscales futuros.
La iniciativa también se alinea con uno de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional, que planteó la necesidad de reforzar el marco institucional del organismo como parte de las reformas de largo plazo.
El impacto sobre la economía cotidiana
Mientras esa discusión comienza a trasladarse al ámbito legislativo, las medidas económicas continúan teniendo efectos concretos sobre la vida cotidiana.
Desde julio rigen nuevos incrementos en las tarifas de electricidad, gas y agua, al tiempo que se modificó el mecanismo de actualización de la tarifa social de la tarjeta SUBE.
La decisión implica que los beneficiarios absorberán una proporción cada vez mayor de los futuros aumentos en el transporte público.
Ese escenario encuentra a la economía con señales todavía frágiles. La recaudación impositiva volvió a retroceder en términos reales durante junio y distintos indicadores muestran que el consumo continúa sin recuperar dinamismo.
En varias provincias, las entidades comerciales advierten que la pérdida del poder adquisitivo sigue condicionando la actividad, incluso en rubros considerados esenciales.
El desafío político de la nueva etapa
Las tensiones también se reflejan en el plano social. La protesta de trabajadores del Conicet frente al riesgo de despidos derivó en un operativo policial denunciado por los gremios como represivo, un episodio que volvió a instalar el debate sobre el impacto de la reducción del gasto público en áreas estratégicas del Estado, como el sistema científico y tecnológico.
Con este nuevo movimiento político, el Gobierno busca mostrar cohesión interna y acelerar reformas que considera indispensables para sostener su rumbo económico. Sin embargo, el desafío ya no pasa únicamente por conseguir mayorías parlamentarias.
También dependerá de la capacidad para administrar el costo social de esas decisiones en un contexto donde el alivio prometido por la estabilización macroeconómica todavía convive con una realidad cotidiana marcada por el aumento del costo de vida, la retracción del consumo y la incertidumbre de amplios sectores. Allí, más que en los discursos, comenzará a medirse el verdadero alcance de esta nueva etapa de la gestión de Javier Milei.
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