Escribe: Gustavo Billarruel
Durante meses, el gobierno de Javier Milei construyó gran parte de su legitimidad sobre una promesa sencilla y contundente: terminar con los privilegios de la política y combatir las prácticas que, según su diagnóstico, habían degradado al Estado argentino. Ese discurso encontró eco en una sociedad cansada de los escándalos de corrupción, golpeada por sucesivas crisis económicas y profundamente desconfiada de buena parte de su dirigencia.
Sin embargo, la semana que termina dejó al descubierto una situación que ya excede el terreno de las disputas partidarias. Las investigaciones judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acumulan nuevas medidas de prueba, pedidos de información patrimonial y crecientes interrogantes sobre movimientos económicos y bienes vinculados a su entorno.
La aparición de una compra millonaria en una tienda de lujo, sumada a las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, coloca al Gobierno frente a un desafío que no puede resolverse únicamente con estrategias comunicacionales. Cuando la sospecha alcanza a quienes hicieron de la transparencia una bandera política, las explicaciones dejan de ser una opción para convertirse en una obligación democrática.
Más que un nombre propio
Lo verdaderamente importante no es solamente el futuro político de Adorni. Lo que está en discusión es algo mucho más profundo: la coherencia entre el discurso y los hechos.
La política argentina ha conocido numerosos procesos judiciales, denuncias y condenas que marcaron épocas enteras. En muchos casos, sectores de la sociedad acompañaron esas investigaciones convencidos de que la ley debía actuar sin privilegios ni excepciones. Ese principio sigue siendo válido hoy.
Precisamente por eso, resulta indispensable que el mismo nivel de exigencia que se reclamó para otros gobiernos y otros dirigentes sea aplicado ahora. La vara de la transparencia no puede subir o bajar según quién ocupe el poder. Si la ley debe ser igual para todos, también debe serlo el escrutinio público.
La distancia entre el discurso y la realidad
Mientras estas controversias ocupan el centro de la escena política, millones de argentinos continúan atravesando dificultades cotidianas que no encuentran respuestas sencillas. La pérdida de empleo, la caída del consumo, el deterioro de los ingresos, el ajuste sobre áreas sensibles del Estado y la incertidumbre económica forman parte de la experiencia diaria de amplios sectores sociales.
Desde el interior del país, donde las consecuencias de las decisiones nacionales suelen sentirse con especial intensidad, la sensación predominante es una mezcla de preocupación y desencanto. Resulta inevitable que muchos ciudadanos se pregunten por qué se exige sacrificio permanente a quienes menos tienen mientras las noticias sobre presuntos privilegios, gastos de lujo o irregularidades vuelven a aparecer cerca de los centros de poder.
No se trata solamente de una cuestión judicial. Se trata de confianza.
Una advertencia para toda la dirigencia
La democracia necesita investigaciones serias, jueces independientes y garantías para todas las partes involucradas. Pero también necesita dirigentes capaces de rendir cuentas de manera clara, completa y oportuna.
La transparencia no puede ser una herramienta electoral que se exhibe durante una campaña y se relativiza cuando llegan las responsabilidades de gobierno. Tampoco puede transformarse en una exigencia reservada para los adversarios políticos.
La sociedad argentina ha demostrado en distintas etapas de su historia que puede tolerar errores, dificultades e incluso crisis profundas. Lo que cada vez tolera menos es la percepción de que existen reglas distintas para unos y para otros.
Lo que está en juego
La semana deja una enseñanza que excede nombres propios, cargos y coyunturas.
Ningún funcionario debería sentirse inmune al control ciudadano. Ningún gobierno debería considerarse por encima de las preguntas incómodas. Y ninguna fuerza política puede reclamar para sí el monopolio de la honestidad.
Porque cuando las promesas de ejemplaridad comienzan a resquebrajarse, no se deteriora únicamente la imagen de una gestión. Lo que se erosiona es algo mucho más valioso y difícil de reconstruir: la confianza pública.
Y cuando la confianza se rompe, la crisis deja de ser de un funcionario o de un gobierno. Empieza a ser una crisis de la propia palabra política.
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