La diputada nacional denunció penalmente al ministro de Salud de la Nación por presunta desobediencia judicial. Sostiene que el Gobierno sigue sin cumplir una sentencia que ordenó restablecer pagos y prestaciones para personas con discapacidad.
La diputada nacional Natalia de la Sota presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, al acusarlo de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no acatar un fallo que ordenó regularizar pagos y prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal de Córdoba, con el patrocinio de los abogados Marta Lastra y Félix López Amaya, y apunta al presunto incumplimiento de la sentencia que beneficia a titulares de pensiones no contributivas alcanzados por INCLUIR Salud y PAMI.
Según De la Sota, el Gobierno nacional continúa sin ejecutar una resolución judicial que obligaba a normalizar las prestaciones, pese a que el plazo fijado por la Justicia ya expiró.
«El Gobierno de Javier Milei insiste en desfinanciar y no cumplir con los programas para las personas con discapacidad. Frente al incumplimiento de la sentencia decidí impulsar esta denuncia», expresó la legisladora al ingresar a los Tribunales Federales.
El conflicto se originó tras un amparo colectivo presentado contra INCLUIR Salud y PAMI para exigir la restitución de pagos suspendidos. En mayo, el juez federal Hugo Vaca Narvaja dictó una medida cautelar y, a fines de junio, emitió una sentencia definitiva ordenando a ambos organismos regularizar los pagos y garantizar las prestaciones.
La resolución fue notificada al ministro Mario Lugones, quien disponía de 72 horas para cumplirla. De acuerdo con la denuncia, ese plazo venció hace más de una semana sin que la orden judicial se hubiera ejecutado.
«Creo que todo tiene un límite y no voy a permanecer indiferente», afirmó De la Sota, quien además sostuvo que el Ejecutivo nacional incumple la medida cautelar desde mayo.
Desde el inicio del proceso judicial, el Estado nacional presentó cinco recursos —tres apelaciones y dos recursos de queja— mientras miles de beneficiarios continúan afectados por la interrupción de las prestaciones.
Según se informó, algunos pagos fueron suspendidos en diciembre de 2025, mientras que otros dejaron de abonarse en febrero de este año, profundizando la incertidumbre de las personas alcanzadas por el sistema.
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