Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el régimen de excepción vigente en El Salvador podría haber derivado en crímenes de lesa humanidad, en el marco de la política de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
El documento sostiene que existen fundamentos razonables para considerar que se han producido violaciones sistemáticas contra la población civil.
El reporte fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el Estado de Excepción, un equipo independiente que analizó denuncias, testimonios y distintos registros vinculados a la aplicación de estas medidas extraordinarias.
Según sus conclusiones, durante este período se habrían cometido detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y violencia sexual, hechos que, de confirmarse, encuadrarían en delitos contemplados por el derecho penal internacional.
El régimen excepcional fue implementado en marzo de 2022 con el objetivo de combatir a las pandillas que operan en el país.
Desde entonces, el gobierno impulsó detenciones masivas y amplió las facultades de las fuerzas de seguridad, una estrategia que las autoridades defienden como clave para reducir la violencia. Sin embargo, organizaciones humanitarias y especialistas sostienen que la medida también habría provocado graves vulneraciones a los derechos fundamentales.
El informe menciona además centenares de muertes bajo custodia estatal y casos de desaparición forzada, junto con denuncias de malos tratos y condiciones de detención degradantes.
Los expertos sostienen que estos hechos deben ser investigados de manera independiente para determinar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas.
El señalamiento constituye uno de los cuestionamientos internacionales más severos contra la política de seguridad del gobierno salvadoreño.
Mientras el Ejecutivo reivindica los resultados en la reducción del delito, organismos de derechos humanos advierten que la lucha contra el crimen no puede justificar la suspensión prolongada de garantías básicas ni el uso sistemático de prácticas abusivas.
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