El viernes pasado, un operativo judicial irrumpió en la Legislatura de Córdoba y volvió a encender las sospechas sobre el manejo interno de los contratos legislativos. Lejos de tratarse de una diligencia rutinaria, el allanamiento ordenado por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico marcó un punto de quiebre en la causa que investiga posibles contratos fantasmas dentro de la Unicameral.
La medida fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación, a cargo del fiscal Franco Mondino, en el marco de una causa que busca determinar si existieron más casos de “contratos fantasmas” dentro de la estructura legislativa. Se trata del primer allanamiento formal desde que estalló el caso de la empleada Virginia Martínez —conocido a nivel público a fines de 2024—, y que derivó en la detención del exconcejal Guillermo Kraisman.
El procedimiento incluyó la participación de personal policial especializado y áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal, que secuestraron documentación considerada clave para avanzar en la pesquisa. Desde la fiscalía confirmaron que hay dos nuevas denuncias vinculadas a asesores legislativos cuya contratación presenta irregularidades.
Fuentes judiciales detallaron que el operativo responde a una ampliación de la causa original, luego de que el Juzgado de Control ordenara profundizar la investigación sobre el circuito de contrataciones que habilitó la incorporación —y posterior baja— de Martínez. El foco ahora no se limita a aquel episodio, sino que se extiende a otros períodos y vínculos laborales dentro del cuerpo legislativo.
Desde la Legislatura, autoridades administrativas entregaron los datos requeridos, incluyendo información sobre asesores y salarios. La vicegobernadora Myrian Prunotto, que en enero había quedado en el centro de las críticas por la falta de apertura en torno al número de contratos, aseguró a través de su entorno que se aportó “toda la información requerida” y pidió que la investigación avance “hasta las últimas consecuencias”.
El allanamiento generó inquietud entre empleados y legisladores presentes, algunos de los cuales solicitaron explicaciones internas sobre el alcance del procedimiento.
Reacciones políticas
El bloque de la UCR expresó su “máxima preocupación” y sostuvo que el operativo desnuda “el manejo dudoso de los recursos públicos”. El presidente del bloque, Matías Gvozdenovich, exigió “total transparencia” y anunció la presentación inmediata de un pedido de informes para conocer los motivos del allanamiento y quiénes podrían estar involucrados.
El allanamiento, infrecuente en la dinámica institucional del Poder Legislativo, vuelve a colocar bajo la lupa la administración interna de la Unicameral y abre una nueva etapa en una investigación que promete seguir sacudiendo la escena política cordobesa.