El juez federal subrogante de Villa María, Carlos Ochoa, resolvió declararse incompetente para intervenir en el amparo colectivo impulsado por 54 conductores de Uber contra la Municipalidad, luego de la aprobación de la ordenanza 8.232, que regula el transporte mediante plataformas digitales en la ciudad.
La presentación judicial busca que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la normativa y de las posibles sanciones previstas. Tras conocerse la decisión del magistrado, el abogado Pablo Maccarini, representante legal de los choferes, apeló la resolución, por lo que el planteo quedó ahora en manos de una instancia superior.
Según explicó el letrado, antes del fallo se solicitó la opinión de la fiscal federal María Schianni, quien sostuvo que el conflicto no configura una cuestión federal. Ese dictamen resultó determinante para que el juez entendiera que el amparo no debía tramitarse en ese fuero.
Los trabajadores argumentan que la ordenanza afecta la competencia y el acceso al mercado, en presunta violación de la Ley Nacional 27.442, y que impone requisitos y restricciones uniformes a quienes prestan servicios mediante aplicaciones en Villa María.
En los fundamentos de su resolución, Ochoa señaló que la invocación de derechos constitucionales no es suficiente para habilitar la competencia federal y remarcó que las ordenanzas municipales forman parte del derecho público local.
Además, sostuvo que el uso de plataformas digitales o medios de pago virtuales no implica comercio interjurisdiccional, y advirtió que imponer regulaciones uniformes podría afectar la autonomía provincial y municipal.
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