El acta firmada el pasado 21 de abril de 2026 entre el Gobierno de Córdoba y la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) puso fin al conflicto salarial docente, aunque dejó varios puntos que generan debate dentro del sector educativo.
El acuerdo establece incrementos salariales desde febrero de 2026 hasta enero de 2027, combinando sumas fijas, adicionales no remunerativos y actualizaciones mensuales atadas a la inflación provincial. Si bien el esquema busca acompañar la evolución de precios, su estructura es cuestionada por la fuerte presencia de conceptos que no forman parte del salario en blanco.
Entre los puntos más relevantes, se incluyen complementos no remunerativos, compensaciones para distintos cargos y ajustes mensuales vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Córdoba. Sin embargo, una parte importante de estos ingresos no impacta en aportes jubilatorios ni en otros beneficios, lo que genera preocupación a futuro.
El acuerdo también contempla aumentos diferenciados según funciones. Mientras los docentes de base reciben incrementos más acotados, los cargos directivos y supervisores acceden a mejoras significativamente mayores, incluyendo un adicional específico por equipamiento. Esta diferencia fue uno de los aspectos más observados del entendimiento.
Otro punto destacado es la eliminación del tope para la acumulación de cargos en determinados adicionales remunerativos, lo que beneficia a quienes tienen mayor carga laboral, aunque no alcanza a la totalidad del sector docente.
En cuanto a la actualización salarial, desde mayo de 2026 los haberes se ajustarán mensualmente según la inflación provincial. No obstante, el mecanismo no contempla una recuperación del poder adquisitivo perdido en los meses previos al acuerdo.
Respecto a las medidas de fuerza, el acta establece que no se aplicará el descuento correspondiente al paro del 19 de marzo, aunque se devolverá solo la mitad de los montos descontados por otras jornadas de huelga, con la condición de la recuperación de contenidos.
En relación al sector pasivo, los aumentos se trasladarán de manera parcial, ya que dependen de los componentes remunerativos del salario, lo que limita su impacto en jubilaciones.
El acuerdo incluye además la continuidad del ítem profesionalidad, la suspensión del FOSAET y la actualización de asignaciones familiares, medidas que aportan alivio en algunos aspectos del esquema general.
Por último, se fijó una revisión del acuerdo en octubre de 2026 y una nueva negociación salarial en febrero de 2027, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos debates en un contexto económico aún inestable.
En conjunto, el entendimiento logró descomprimir el conflicto en el corto plazo, pero mantiene un esquema salarial con alta proporción de sumas no remunerativas y ajustes condicionados a la inflación, lo que explica las críticas de distintos sectores del ámbito docente.
Súmate a nuestro canal de
https://whatsapp.com/channel/0029VaHmbGaLI8YVRZZgwU1i