El gobernador Martín Llaryora encabezó en Oliva la firma del convenio para la construcción del Hospital Polivalente, un proyecto que se perfila como un centro de referencia sanitaria para la ciudad y la región.
La obra, que se levantará en un sector del predio del Hospital Emilio Vidal Abal, absorberá los servicios que brinda actualmente esta institución y los del Hospital Zonal, integrando la atención y modernizando la infraestructura.
La inversión provincial alcanzará los 31,2 millones de dólares, de los cuales 20,2 millones se destinarán a la infraestructura y 11 millones al equipamiento biomédico.
Sobre el proyecto, Llaryora destacó:“Es un trabajo que empezamos desde el primer día con el municipio y las autoridades de salud que participaron en las ideas y la conformación de este nuevo desafío, que genera un nuevo paradigma de atención en materia de salud mental en Argentina”.
El gobernador resaltó que el futuro hospital contará con una mirada innovadora en la asistencia sanitaria:
Llaryora dejó en claro que el Hospital Polivalente será mucho más que una obra de infraestructura: será un paso decisivo hacia una salud pública moderna, inclusiva y profundamente humana en Córdoba.
El Nuevo Hospital de Oliva se inserta en un plan provincial que busca transformar los históricos hospitales monovalentes de salud mental en centros polivalentes generales, alineados con la Ley de Salud Mental vigente en Córdoba y a nivel nacional.
Este proyecto representa un avance en la desmanicomialización, promoviendo un modelo de atención integral y comunitario, donde la salud mental se aborda de manera inclusiva y humana. La iniciativa se suma a las obras ya en marcha en el nuevo hospital de Bell Ville y a las próximas adaptaciones en el Neuropsiquiátrico de la ciudad de Córdoba, consolidando un plan coherente y regional.
El hospital ofrecerá atención, con equipos capacitados para abordar tanto los aspectos clínicos como los psiquiátricos, siguiendo los lineamientos de las leyes provinciales y nacionales.
Más allá de la infraestructura, el proyecto reafirma el compromiso del Estado de garantizar acceso equitativo a la salud, respeto irrestricto a los derechos humanos y la inclusión plena de las personas que conviven con problemáticas de salud mental o de consumo.
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