Un reciente estudio del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) ha encendido la alarma ante los niveles de arsénico detectados en algunas localidades de la provincia de Córdoba.
El informe revela que en zonas como Villa María y Villa Nueva los valores del metaloide superan los umbrales fijados por los estándares internacionales, lo que plantea un riesgo relevante para la salud pública.
Según el relevamiento, las cooperativas encargadas del suministro local manifestaron su preocupación ante estos resultados, que evidencian la necesidad de reforzar los controles del agua.
En concreto, el análisis indica que los volúmenes medidos de arsénico en la red de agua potable superan el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 10 partes por billón (ppb) para consumo humano seguro.
El trabajo del ITBA se enmarca dentro de un mapa interactivo de contaminación por arsénico que la institución viene desarrollando y actualizando, mediante el cual se puede consultar el nivel de riesgo en cada región del país.
En este caso particular, las mediciones en Villa María y Villa Nueva podrían posicionarlas en una categoría de riesgo de acuerdo con la clasificación: aguas “no aptas” para consumo directo cuando los valores superan los 50 ppb.
Las implicancias sanitarias son importantes: el consumo prolongado de agua con contenido elevado de arsénico puede desencadenar lo que se conoce como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) y elevar la probabilidad de desarrollar patologías como cáncer de pulmón, de vejiga, laringe, así como fibrosis pulmonar y otros trastornos respiratorios.
Frente a este escenario, el ITBA junto con organizaciones de salud pública insisten en la necesidad imperiosa de:
Realizar análisis regulares del agua en los sistemas de abastecimiento.
Implementar tecnologías de tratamiento que permitan reducir los niveles de arsénico.
Promover la participación comunitaria para envío de muestras al laboratorio.
Por último, las autoridades locales de Córdoba aún no difundieron un cronograma específico de acciones, lo cual deja a la población esperando respuestas concretas para asegurar el acceso a agua potable en condiciones seguras.
