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Bienestar animal: qué se aprobó y qué quedó afuera

El Concejo Deliberante aprobó la nueva ordenanza de bienestar animal impulsada por el Ejecutivo Municipal. La norma incorpora controles, registros y nuevas obligaciones para los tutores de mascotas, pero dejó sin incorporar varios de los puntos que las organizaciones proteccionistas consideraban esenciales para enfrentar la sobrepoblación de perros y gatos en Villa María.

Después de meses de debate, Villa María cuenta con una nueva ordenanza de bienestar animal. Sin embargo, la aprobación de la norma no cerró la discusión. Por el contrario, dejó expuestas dos formas muy diferentes de entender cómo debe abordarse una problemática que desde hace años genera reclamos de vecinos, rescatistas y organizaciones proteccionistas.

Mientras el proyecto del Ejecutivo apuesta por una regulación más amplia de la tenencia responsable, el control sanitario, los registros y las sanciones, el planteo de los proteccionistas advertía que la prioridad debía ser otra: reducir la cantidad de animales que nacen en la ciudad.
Ese punto terminó siendo la principal diferencia entre ambas propuestas.

La crítica: sin metas de castración, el problema seguirá creciendo

Uno de los mayores cuestionamientos fue que la ordenanza aprobada no fija objetivos concretos sobre la cantidad de castraciones que deberá realizar el Municipio cada año.
Para quienes impulsaban el Programa de Equilibrio Poblacional (PEP), esa omisión deja sin resolver la principal causa del abandono: el crecimiento constante de la población de perros y gatos.
Según sostienen, controlar, registrar o sancionar puede ordenar el sistema, pero difícilmente alcance para disminuir la cantidad de animales en la calle si la reproducción continúa sin una política sostenida y medible.
Más controles, pero menos obligaciones para el Estado

La nueva normativa crea un Registro Municipal de Animales, regula criaderos y comercios, incorpora nuevas obligaciones para los tutores y reorganiza el Centro de Adopción Municipal.
Las organizaciones proteccionistas, en cambio, planteaban que el Estado debía asumir un compromiso mucho más concreto, garantizando castraciones gratuitas durante todo el año, en todos los barrios y con metas verificables.
En otras palabras, mientras la ordenanza incorpora nuevas responsabilidades para los ciudadanos, la propuesta alternativa reclamaba mayores obligaciones para el propio Municipio.

El tratamiento de los animales comunitarios también divide opiniones

Otro de los puntos de mayor discusión fue el destino de los animales que viven en la vía pública.
La ordenanza mantiene un esquema basado en el rescate y alojamiento de animales, además de prohibir alimentarlos o instalar refugios en espacios públicos.
Las organizaciones proteccionistas sostienen que esa estrategia no ataca el origen del problema y proponían reconocer la figura del animal comunitario, aplicando programas de captura, castración y retorno para controlar la reproducción sin recurrir al encierro como política permanente.

Un debate que seguirá abierto

Con la aprobación de la ordenanza comienza ahora la etapa más importante: su implementación.
Será allí donde podrá evaluarse si las herramientas incorporadas logran reducir el abandono y la presencia de animales en la vía pública o si, como advertían los sectores proteccionistas durante el debate, la ausencia de una política de castración masiva termina limitando el alcance de la nueva normativa.

Desde la organización Rescatándolos del Cam, Rebeca Giuliano en dialogo con El Mensajero VM afirmó que «la aprobación de la ordenanza es un retroceso, no tiene impacto real sobre la problemática»

Según explicó el oficialista José Cativelli, «la herramienta facilitará recuperar animales perdidos, identificar a sus responsables y fortalecer las políticas de control».

A su vez el concejal Manuel Sosa «Queremos una política pública seria, permanente y medible. No estamos dispuestos a acompañar una ordenanza que exige obligaciones a los vecinos, pero no fija metas claras, presupuesto suficiente ni compromisos concretos para el Estado. Villa María merece políticas públicas construidas con diálogo y consenso, no con una mayoría automática»

 

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