El 3 de noviembre de 1995, una serie de explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero sacudió Córdoba y dejó una marca indeleble en la historia argentina. Siete personas murieron, cientos resultaron heridas y la justicia determinó que no fue un accidente, sino un atentado destinado a borrar pruebas de un contrabando de armas durante el gobierno de Carlos Menem.
Aquella mañana del viernes 3 de noviembre de 1995, el cielo de Río Tercero se cubrió de fuego y escombros. A las nueve menos cinco, una serie de explosiones en la fábrica militar estatal desató el horror. Municiones, proyectiles y obuses salieron despedidos hacia los barrios cercanos. En cuestión de minutos, la ciudad se convirtió en un campo de guerra.
El estruendo destruyó casas, escuelas, comercios y cambió para siempre la vida de miles de familias. Siete personas murieron: Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela. Más de trescientas resultaron heridas y buena parte de la población tuvo que evacuar por miedo a nuevas detonaciones.
En aquel tiempo, el país estaba bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. La fábrica dependía de Fabricaciones Militares, empresa estatal dedicada a la producción de municiones. Las investigaciones judiciales posteriores confirmaron que la explosión no fue un accidente. La justicia determinó que había sido provocada para ocultar el faltante de armas que habían sido enviadas ilegalmente a Croacia y Ecuador en operaciones de contrabando entre 1991 y 1995.
Las pericias establecieron que las detonaciones comenzaron dentro de los polvorines y que el estallido fue planificado. Miles de proyectiles fueron lanzados al aire, destruyendo manzanas enteras. Río Tercero quedó envuelta en humo y silencio, mientras las familias buscaban sobrevivientes entre los restos.
Con el paso de los años, la causa judicial se convirtió en un símbolo de impunidad y resistencia. El 23 de diciembre de 2014, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba condenó a varios funcionarios y exmilitares por estrago doloso seguido de muerte, con penas de hasta trece años de prisión. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, la herida sigue abierta. A tres décadas del atentado, el reclamo por justicia plena y por el reconocimiento de las responsabilidades políticas continúa.
El atentado de Río Tercero fue más que una tragedia industrial. Fue una muestra de las sombras que cubrieron los años noventa, de las redes de poder y silencio que atravesaron al Estado. La fábrica, que había sido emblema de trabajo y orgullo, se convirtió en escenario del dolor.
Hoy, treinta años después, la ciudad mantiene viva la memoria. Cada aniversario convoca a familiares, vecinos y organizaciones sociales que exigen verdad, justicia y reparación. Las calles de Río Tercero guardan cicatrices, pero también una lección colectiva: la de no olvidar, para que un crimen de Estado como aquel nunca vuelva a repetirse.