Un grupo de intendentes y jefes comunales del interior cordobés elevó este miércoles un fuerte reclamo contra el PAMI, en medio de un escenario que califican como crítico para la atención de jubilados y pensionados.
La presentación se realizó en la sede de la Delegación Córdoba del organismo, donde al menos 15 mandatarios locales entregaron de manera presencial una nota firmada por más de 150 intendentes de toda la provincia. El documento, fechado el 22 de abril de 2026, advierte que la situación ya dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una verdadera emergencia sanitaria.
El reclamo apunta a tres ejes centrales: deudas acumuladas por prestaciones médicas ya realizadas, fallas en el sistema de traslados en ambulancia en el interior y dificultades en la cadena de pagos a prestadores privados y farmacias.
Según estimaciones de los propios intendentes, la deuda del PAMI con los municipios cordobeses ronda los 9.000 millones de pesos, vinculada principalmente a servicios de salud brindados en hospitales y centros municipales que aún no fueron abonados. A esto se suma una deuda adicional con la Provincia que fue calculada en 2.900 millones de pesos a valor nominal y que, con intereses, asciende a 4.700 millones.
La intendenta de San Marcos Sud, Claudia Godoy, explicó que los retrasos en los pagos alcanzan entre seis y nueve meses, dependiendo del caso. Además, advirtió sobre la magnitud del problema a nivel nacional, señalando que la deuda total del organismo supera los 500.000 millones de pesos.
En ese contexto, también cuestionó la falta de respuestas políticas y la imposibilidad de establecer contacto con referentes nacionales para canalizar el reclamo.
Uno de los casos más críticos expuestos en la nota es el de Marcos Juárez. Allí, tras el cierre del Sanatorio Privado del Sudeste el pasado 31 de marzo, unos 5.500 afiliados al PAMI quedaron sin atención local de mediana y alta complejidad. Desde entonces, deben trasladarse a Villa María, ubicada a 120 kilómetros.
Desde el sector de jubilados autoconvocados, señalaron que el sistema de ambulancias presenta demoras que van desde 12 hasta 72 horas y que no existen condiciones adecuadas para estabilizar a los pacientes antes de los traslados.
La situación no es aislada. En distintas localidades del interior provincial ya se evidencian consecuencias directas. En Arroyito, el hospital municipal absorbió gran parte de la demanda ante las dificultades del sector privado. En Capilla del Monte, la deuda del PAMI con el municipio supera los 40 millones de pesos, mientras que en el hospital local seis de cada diez pacientes son afiliados a la obra social. En Cosquín, el reclamo incluye más de 40 millones de pesos adeudados, incluyendo fondos destinados a insumos médicos.
A nivel regional, intendentes de Calamuchita también alertaron que el conflicto impacta de lleno en los municipios y advirtieron que no puede trasladarse el ajuste a los jubilados.
En el documento presentado, los jefes comunales plantean cinco pedidos concretos: la regularización urgente de la deuda, la implementación de un esquema de pagos previsible, la revisión del sistema de traslados, la normalización de los pagos a prestadores y farmacias, y la creación de una mesa de trabajo permanente entre el PAMI y los municipios.
El planteo deja en evidencia la creciente presión sobre los sistemas de salud locales, que hoy sostienen la atención sin el respaldo financiero correspondiente, en un contexto que sigue sumando tensión en toda la provincia.
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