El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar, denominado Alivio Cordobés.
La iniciativa apunta a asistir a familias que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos financieros y necesitan refinanciar, reprogramar o reestructurar sus deudas.
El programa contempla préstamos personales, saldos financiados de tarjetas de crédito y otras deudas destinadas a cubrir gastos habituales y necesidades básicas del hogar.
La propuesta establece que las entidades financieras adheridas deberán ofrecer alternativas de consolidación y refinanciación con una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35 por ciento.
Los nuevos planes podrán extenderse entre 24 y 48 cuotas mensuales. Las condiciones especiales estarán disponibles durante tres meses calendario una vez que la ley sea sancionada.
El proyecto también determina qué deudas quedarán afuera. No podrán incorporarse obligaciones relacionadas, de manera directa o indirecta, con juegos de azar y apuestas.
Quiénes podrán acceder
Entre los requisitos previstos figura contar con domicilio en Córdoba desde hace al menos dos años.
Además, los potenciales beneficiarios deberán haber sido clasificados en Situación 2 o Situación 3 al 31 de julio de 2026, según los registros de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina.
También se analizarán los ingresos del grupo familiar, con límites vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil, junto con la existencia de bienes registrables y activos financieros.
El Gobierno provincial prevé comenzar la implementación con el Banco de Córdoba y estableció un beneficio tributario para las entidades que se incorporen al programa.
En concreto, las operaciones alcanzadas tendrán una alícuota del 0 por ciento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los intereses y ajustes correspondientes.
El proyecto deberá ser tratado ahora por la Legislatura provincial. Su aplicación dependerá de la aprobación de la norma y de las condiciones que se establezcan para su puesta en marcha.