El Senado de la Nación aprobó el 19 de noviembre de 2026, por unanimidad, la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y establece cambios importantes en materia de pensiones, empleo, cobertura de salud, prestaciones y financiamiento del sistema.
Uno de los aspectos centrales es que transforma en permanentes buena parte de las medidas que hasta ahora estaban contempladas dentro de la emergencia nacional en discapacidad. Esto significa que los principales beneficios dejan de depender de una declaración de emergencia con fecha de vencimiento.
A continuación, los puntos más importantes para entender qué establece la nueva legislación.
Pensiones no contributivas por discapacidad
La ley mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad en un monto equivalente al 70% de la jubilación mínima.
Este beneficio continúa siendo una herramienta de protección económica para las personas que cumplen los requisitos establecidos para acceder a él.
Compatibilidad entre pensión y trabajo
Uno de los cambios más importantes es que las personas que reciben una pensión podrán trabajar en relación de dependencia o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente el beneficio.
La condición es que sus ingresos laborales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Esta disposición busca evitar que acceder a un empleo formal implique perder inmediatamente el ingreso que representa la pensión.
Continuidad de la cobertura de salud
La norma garantiza que los titulares de pensiones no contributivas mantengan la cobertura médica a través de Incluir Salud.
De esta manera, se busca preservar el acceso a la atención sanitaria para las personas que dependen de este sistema.
Financiamiento de las prestaciones
La nueva legislación mantiene el nomenclador único y los aranceles unificados para los prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad.
También establece que los valores de las prestaciones se actualizarán de acuerdo con la movilidad jubilatoria, mecanismo vinculado a la evolución de la inflación.
Este punto resulta fundamental para instituciones, centros de día, profesionales, transportistas, acompañantes y otros prestadores que integran el sistema de atención.
Pago de las deudas a los prestadores
La ley establece obligaciones concretas para el Estado respecto de las deudas acumuladas con los prestadores.
El Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la norma.
Además, deberá completar los pagos en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la legislación.
Garantía de recursos para el sistema
Otro aspecto importante es la protección presupuestaria.
Las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sistema de discapacidad no podrán disminuir en términos reales respecto del presupuesto del año anterior.
Además, se contempla la utilización de recursos del Tesoro nacional para cubrir eventuales faltantes de financiamiento.
Auditorías y controles sobre las pensiones
La nueva ley también incorpora mecanismos de control periódico sobre las pensiones.
Para realizar las verificaciones, se podrán cruzar datos de distintos organismos públicos, entre ellos ANSES, ARCA y Renaper, además del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.
Sin embargo, la suspensión de una pensión no podrá realizarse sin un procedimiento previo.
La persona involucrada deberá recibir una notificación y contará con 60 días para presentar su descargo. Posteriormente, la autoridad competente deberá revisar la situación.
¿Qué cambia respecto de la legislación anterior?
La principal diferencia es que las medidas de protección dejan de estar vinculadas exclusivamente a una emergencia temporal.
La nueva legislación recupera prácticamente el esquema de beneficios establecido por la Ley 27.793, pero modifica su carácter: busca convertir esas garantías en disposiciones permanentes.
Esto representa un cambio relevante para las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que trabajan en el sector.
Una ley que ahora deberá traducirse en hechos
La aprobación por unanimidad en el Senado constituye un paso institucional importante. Sin embargo, el alcance concreto de la legislación dependerá de su implementación, del cumplimiento de los plazos de pago y de la disponibilidad efectiva de los recursos.
Para las personas con discapacidad, el desafío será que los derechos reconocidos en el texto legal se traduzcan en prestaciones sostenidas, acceso a la salud, protección económica y oportunidades reales de participación social y laboral.
Fuente: información publicada por Página/12 sobre la aprobación de la nueva legislación, el 19 de noviembre de 2026.
Una aclaración periodística importante: la información proporcionada permite explicar los principales puntos de la ley, pero no contiene el texto completo de la norma ni su articulado. Por eso, no corresponde afirmar que todos los procedimientos de aplicación ya están definidos. También será importante seguir la reglamentación y controlar cómo se instrumentan estas garantías.

