El 22 de abril de 1985 Argentina abrió un capítulo que nadie imaginaba pocos años antes: los máximos responsables del terrorismo de Estado fueron llamados a responder ante tribunales civiles por los crímenes cometidos durante la dictadura. El proceso, conocido como Juicio a las Juntas, se convirtió en un hito judicial y moral cuya culminación —el alegato de la Fiscalía— quedó grabada en la memoria colectiva del país.
Durante meses, las audiencias expusieron testimonios, pruebas y relatos que mostraron la magnitud del atropello institucional. Tras las casi 530 horas de declaraciones y la escucha de cientos de testigos, la Fiscalía —a cargo de Julio César Strassera, acompañado por Luis Moreno Ocampo— presentó su exposición final: un alegato que comenzó a leerse el 11 de septiembre de 1985 y se extendió hasta mediados de septiembre, y que cerró con una frase que se transformó en consigna y en mandato social: “Nunca más”.
Un alegato hecho con documentos, nombres y memoria
El alegato no fue un discurso retórico; fue el resultado de un trabajo forense y testimonial. Strassera y su equipo ordenaron expedientes, cruzaron testimonios, reconstruyeron circuitos represivos y explicaron ante los jueces la lógica de un sistema de desaparición, detenciones ilegales, torturas y asesinatos dirigido desde el Estado. Su estrategia jurídica buscó demostrar la sistematicidad de los crímenes y la responsabilidad de los comandantes por las prácticas institucionalizadas durante el Proceso de Reorganización Nacional.
Ese alegato ejerció dos funciones esenciales: por un lado, consolidó la acusación técnica que permitió condenas históricas; por el otro, ofreció a las víctimas y a la sociedad una narrativa pública que nombró el daño y reclamó justicia pública, no solamente privada. El tono, el rigor probatorio y la claridad expositiva convirtieron aquella intervención en un documento de referencia para los juicios por delitos de lesa humanidad en la región.
¿Por qué sigue importando después de cuatro décadas?
Primero, porque fijó un precedente jurídico inédito en América Latina: un gobierno democrático que enjuició a los mandos militares por crímenes de Estado ante tribunales civiles, marcando una diferencia fundamental frente a otras transiciones de la región. Segundo, porque permitió que la memoria y la verdad se sometieran al debate público y a la prueba judicial, generando un archivo indispensable para la tarea de la memoria histórica. Tercero, porque el alegato —y el juicio en su conjunto— contribuyeron a instituir un umbral ético que hoy sigue funcionando como contraargumento frente a cualquier intento de normalizar o relativizar la violencia estatal.
Además, el texto y la puesta en escena del alegato consolidaron símbolos que aún resuenan: el valor de la palabra pública en tribunales, la presencia de la sociedad civil en la plaza de los tribunales, la voz de las víctimas y la visibilidad de lo que antes había sido sistemáticamente ocultado. El impacto cultural también se prolonga: obras, documentales y producciones como la película Argentina, 1985 reavivan la discusión y acercan el episodio a nuevas generaciones, manteniendo vivo el debate sobre memoria, verdad y justicia.
Tensiones y debates que el tiempo no borró
Aun cuando el juicio produjo condenas —incluyendo penas de prisión para jerarcas como Videla y Massera—, el proceso no zanjó todas las controversias. Hubo cuestionamientos jurídicos sobre criterios de imputación colectiva, medidas políticas posteriores (indultos, leyes de obediencia debida y punto final) y la parcialidad o limitaciones de determinadas decisiones judiciales. Esas tensiones muestran que el juicio fue, a la vez, un hito y el inicio de una batalla larga por la memoria y la justicia en sentido amplio. La historia posterior de los derechos humanos en Argentina está atravesada por esa dialéctica entre avance jurídico y retrocesos políticos.
Lecciones para hoy: institucionalidad, verdad y prevención
El alegato de 1985 enseña, entre otras cosas, que la democracia exige instituciones capaces de investigar y sancionar aun cuando los responsables pertenezcan a estructuras poderosas; que la verdad judicial tiene un poder transformador para la sociedad; y que la construcción de memoria no es un acto simbólico sino una política pública que requiere archivos, educación y políticas culturales sostenidas. En un contexto donde la fragilidad institucional y la polarización vuelven a poner a prueba la autonomía de cuerpos del Estado, volver a leer aquel alegato es una manera de reafirmar compromisos.
Hacia los próximos cuarenta años: preservar, enseñar, juzgar
A cuatro décadas de distancia, las tareas siguen siendo urgentes: preservar los archivos del juicio, digitalizar testimonios, mantener viva la enseñanza en las escuelas, sostener la investigación académica y promover políticas públicas que garanticen memoria y reparación. La historia del alegato no puede convertirse en mera conmemoración ritual: su vigencia depende de prácticas concretas que impidan la repetición —o la relativización— de aquel pasado. Instituciones culturales y educativas, museos, medios y tribunales comparten la responsabilidad de mantener accesible ese legado.
Una frase que perdura
“Señores jueces: nunca más.” La frase que cerró el alegato de Strassera es, en su brevedad, una exigencia ética y un llamado a la memoria colectiva. A 40 años de aquel texto, su fuerza sigue intacta cuando se la vincula con políticas judiciales serias, archivos abiertos y un sistema educativo que enseñe lo ocurrido con rigor. Recordar el alegato es recordar también el deber permanente de la democracia: juzgar, nombrar y no olvidar.