La cantante Lourdes Fernández (también conocida como “Lowrdez”, exintegrante del grupo Bandana) fue localizada en la noche del jueves 23 de octubre de 2025 en un departamento del barrio porteño de Palermo (calle Ravignani al 2100). Simultáneamente, su pareja, Leandro Esteban García Gómez (47 años), fue detenido por la Policía de la Ciudad tras una orden de allanamiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47.
La búsqueda comenzó días antes, cuando la madre de Fernández formalizó una denuncia por averiguación de paradero al no tener noticias de su hija desde el 4 de octubre. Este hecho generó alarma dado que existían antecedentes de denuncias anteriores por violencia de género vinculadas a la pareja de la artista.
Un antecedente clave: el 1° de octubre de 2025, una vecina de Palermo llamó al 911 alertando sobre una “fuerte discusión” en el domicilio compartido por Fernández y García Gómez. La Policía intervino y constató la presencia de ambos, aunque inicialmente no se verificaron lesiones visibles. A raíz de la denuncia y los antecedentes, la fiscalía ordenó que el hombre abandonara el domicilio esa noche.
El operativo que concluyó con el hallazgo de la artista y la detención de su pareja se realizó tras reingreso de la fuerza al departamento. Los equipos del SAME y de Investigaciones Comunales 14 participaron en el procedimiento. Al momento del ingreso, Fernández fue asistida por personal médico y trasladada para evaluación, aunque su estado exacto no fue informado oficialmente.
Sobre García Gómez, las fuentes señalan que arrastra antecedentes vinculados a violencia de género y otras causas judiciales. En 2022, Fernández ya lo había denunciado públicamente mostrando heridas, aunque luego se había reconciliado, lo que complicó la causa.
La cantante, horas después, publicó un video en redes sociales en el que manifiesta “tener gripe” y estar bien, aunque suma al desconcierto el silencio sobre su paradero y el contexto anterior a su ubicación. Su reapareción no disipó la preocupación ante el patrón de control y posibles retenciones que su entorno ya había advertido.
La causa judicial está en curso: se están analizando elementos de prueba, declaraciones de testigos y antecedente de denuncias previas, y podría contemplar la figura de violencia de género y privación de libertad. Las autoridades competentes deberán definir medidas de protección para la víctima, como orden de restricción o botón antipánico, y concretar imputaciones correspondientes.
Este episodio emerge en un contexto nacional en el que la violencia contra las mujeres continúa registrando cifras preocupantes, lo que remarca la importancia de que tanto el entorno cercano como las instituciones actúen con urgencia y eficacia ante señales de riesgo, incluso cuando los casos involucren a figuras públicas.