Trás la presión de organizaciones y la Justicia el Gobierno nacional publicó la reglamentación de la ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había quedado sin aplicación pese a su sanción en el Congreso y a un fallo judicial que lo obligaba a ponerla en marcha.
La medida llega después de meses de reclamos de familiares y organizaciones que exigían su cumplimiento efectivo.
Dirigentes y familias vinculadas al ámbito de la salud y a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad calificaron la decisión como un avance, aunque advirtieron que la reglamentación debe traducirse en medidas concretas.
También reclamaron mejoras en las condiciones salariales y laborales de los profesionales que prestan servicios en el sector.
La lucha por la aplicación de la ley se extendió durante siete meses, período en el que se presentaron amparos y se intensificaron las presiones desde la sociedad civil para que el Ejecutivo dejara de demorar su implementación.
Para las organizaciones, se trata de una norma clave para garantizar derechos básicos.
Pese a la reglamentación, los colectivos anticiparon que mantendrán el seguimiento para verificar que los recursos y beneficios previstos lleguen efectivamente a quienes los necesitan y se transformen en respuestas concretas.
El episodio vuelve a poner en evidencia la tensión entre el Gobierno y los sectores movilizados que reclaman políticas públicas activas en áreas sensibles como la discapacidad, donde la aplicación efectiva de las leyes suele quedar atravesada por disputas administrativas y judiciales.