Por Luis Emanuel Cecchini
Cada 13 de octubre se conmemora el Día Internacional del Lenguaje Claro, una fecha que pone en agenda la necesidad de garantizar una comunicación comprensible y accesible. Su implementación resulta fundamental para promover la autonomía, la inclusión y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
La posibilidad de comprender una noticia, realizar un trámite, interpretar una indicación médica o conocer una resolución judicial puede parecer algo cotidiano. Sin embargo, para muchas personas, especialmente aquellas con discapacidad, acceder a información clara continúa siendo un desafío.
Los tecnicismos, las expresiones complejas, los documentos extensos y las instrucciones confusas pueden convertirse en verdaderas barreras para la participación social. Frente a esta realidad, el lenguaje claro se consolida como una herramienta esencial para garantizar la accesibilidad comunicacional y la igualdad de oportunidades.
Cada 13 de octubre se conmemora el Día Internacional del Lenguaje Claro, una jornada que invita a reflexionar sobre la importancia de comunicar de manera sencilla, directa y comprensible, sin perder precisión ni calidad informativa.
La fecha también representa una oportunidad para recordar que el acceso a la información no debe depender de las capacidades individuales de comprensión, sino que las instituciones y quienes comunican tienen la responsabilidad de eliminar las barreras que dificultan ese acceso.
¿Qué es el lenguaje claro y por qué resulta tan importante?
El lenguaje claro es una forma de comunicación que permite a las personas encontrar fácilmente la información que necesitan, comprenderla y utilizarla para tomar decisiones.
Su aplicación implica utilizar palabras conocidas, oraciones breves, estructuras ordenadas y explicaciones precisas. No significa infantilizar los contenidos ni reducir su importancia, sino hacerlos accesibles para un público más amplio.
En este sentido, la norma internacional ISO 24495-1:2023 establece principios para desarrollar comunicaciones claras, teniendo en cuenta las necesidades de quienes reciben la información.
La importancia de esta herramienta va más allá de una cuestión de estilo. Una comunicación difícil de comprender puede impedir que una persona acceda a un beneficio social, conozca sus derechos o complete correctamente un procedimiento administrativo. Por eso, hablar y escribir con claridad también es una forma de garantizar derechos.
Cuando la información se convierte en una barrera
Para las personas con discapacidad, la accesibilidad no se limita a la eliminación de obstáculos físicos, como escaleras o espacios sin rampas. También comprende la posibilidad de recibir, comprender y utilizar información en condiciones de igualdad.
Las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, pueden encontrar dificultades frente a documentos que contienen conceptos abstractos, explicaciones extensas o vocabulario especializado.
En estos casos, el lenguaje claro facilita la comprensión, mientras que la lectura fácil constituye una herramienta específica que permite adaptar contenidos mediante criterios de redacción, organización y presentación.
Algunas personas autistas también pueden beneficiarse de mensajes concretos, instrucciones directas y comunicaciones que eviten ambigüedades.
En el caso de las personas sordas, la accesibilidad puede requerir recursos complementarios, como la interpretación en lengua de señas, subtítulos y textos comprensibles, según las necesidades de cada persona.
Para quienes tienen discapacidad visual, los contenidos deben presentarse en formatos compatibles con lectores de pantalla y otras tecnologías de apoyo.
Estas situaciones demuestran que no existe una única manera de garantizar la accesibilidad comunicacional. El lenguaje claro representa un avance fundamental, pero debe complementarse con otros recursos y formatos accesibles.
El derecho a comprender también forma parte de la inclusión
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas reconoce la accesibilidad y el acceso a la información como elementos fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos.
En Argentina, este tratado fue aprobado mediante la Ley 26.378 y posteriormente recibió jerarquía constitucional a través de la Ley 27.044.
Su contenido establece obligaciones relacionadas con la eliminación de barreras y la promoción de formas accesibles de información y comunicación.
Desde esta perspectiva, garantizar que las personas puedan comprender los mensajes que reciben no constituye solamente una buena práctica institucional, sino una responsabilidad vinculada con la igualdad y la no discriminación.
Una persona que no logra interpretar una notificación, comprender las condiciones de un servicio o acceder a información sobre una prestación puede quedar excluida de decisiones que afectan directamente su vida.
La comunicación accesible permite fortalecer la autonomía y reducir la dependencia de terceros para realizar actividades cotidianas.
El desafío de los medios de comunicación y las instituciones
Los medios periodísticos cumplimos un papel fundamental en la construcción de una sociedad informada e inclusiva.
Publicar noticias con títulos precisos, explicar conceptos técnicos y ofrecer información organizada contribuye a que más personas puedan comprender los acontecimientos que afectan a sus comunidades.
Del mismo modo, los organismos públicos deben revisar sus comunicaciones para evitar que el lenguaje administrativo se transforme en una barrera para la ciudadanía.
En el ámbito de la salud, una indicación comprensible puede favorecer decisiones informadas sobre tratamientos y cuidados.
En educación, las consignas claras permiten mejorar el acceso a los contenidos y facilitar la participación de estudiantes con distintas necesidades.
En la justicia, explicar resoluciones y procedimientos de manera comprensible puede contribuir a que las personas conozcan sus derechos y comprendan las decisiones que las afectan.
La implementación del lenguaje claro requiere capacitación, compromiso institucional y participación de las propias personas con discapacidad en la elaboración y evaluación de los materiales.
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