El Gobierno nacional oficializó la Ley 27.793, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026 con posibilidad de prórroga.
Sin embargo, la aplicación de sus medidas quedó en pausa: el propio decreto de promulgación (681/2025) aclara que la ejecución se postergará hasta que el Congreso apruebe los fondos correspondientes dentro del Presupuesto 2026.
La norma apunta a dar respuesta a uno de los sectores más vulnerables del país, con acciones clave como la creación de una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad (PNC), la ampliación de la cobertura de salud, compensaciones económicas para los prestadores frente a la brecha arancelaria y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
No obstante, la falta de financiamiento frena por ahora los avances. Esto significa que no se implementarán las altas ni las conversiones de la nueva pensión, tampoco se habilitarán los mecanismos de compatibilidad laboral y rehabilitaciones, ni se pondrán en marcha las compensaciones económicas a los prestadores ni las incorporaciones al programa Incluir Salud.
En resumen, la ley ya está promulgada, pero su entrada en vigencia depende de lo que ocurra en el Parlamento. Será el tratamiento del Presupuesto 2026 el que finalmente determine si estas medidas pasan del papel a la realidad.