La presidenta de REDI analiza el impacto social y jurídico de la quita de pensiones no contributivas y exige al Estado políticas que garanticen dignidad, autonomía y acceso real a los derechos.
En diálogo con Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), analizamos el impacto que tuvo la quita de pensiones no contributivas, los obstáculos para su restitución y las propuestas que el movimiento exige al Estado para construir una seguridad social efectiva y con perspectiva de derechos.
La conversación se enmarca en el conversatorio “Discapacidad y seguridad social: ultraje de las pensiones”, que se realizará el jueves 23 de octubre de 2025 a las 17:30 en el edificio Sergio Karakachoff de la UNLP, en la ciudad de La Plata.
El ultraje a las pensiones: una violencia económica y simbólica
“Esto es muy violento”, dice Troiano sin titubear. Para ella, el ultraje de las pensiones es una forma de discriminación ejercida por el propio Estado.
Cuando una persona pierde su pensión, no solo pierde un ingreso: pierde el acceso a la salud, la posibilidad de una vida autónoma y la dignidad mínima. Troiano relata casos concretos: personas que dejaron de recibir medicación, familias que deben elegir entre comer o viajar cientos de kilómetros para una auditoría, y una administración que muchas veces impone barreras físicas, documentales y simbólicas.
Acciones, demandas y litigios
El movimiento no se quedó quieto. Desde REDI y otras organizaciones impulsan medidas de incidencia política, manifestaciones públicas y acciones judiciales.
Con apoyo de defensorías del pueblo y clínicas jurídicas, presentaron amparos y medidas cautelares. Algunas ya dieron resultados: la Cámara Federal con competencia en Formosa y Chaco ordenó la restitución de 1.600 pensiones, mientras que otras causas, como la presentada ante la Cámara Federal de Catamarca, aún esperan resolución.
“Las organizaciones no tienen recursos para litigar, pero no por eso vamos a dejar de reclamar”, afirma Troiano, subrayando el rol solidario de redes que permiten sostener estas luchas.
Obstáculos institucionales y desidia estatal
Troiano denuncia una ignorancia total del Estado respecto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y una práctica administrativa plagada de irregularidades: auditorías inaccesibles, cambios de lugar sin aviso, falta de información y procedimientos indignos.
Algunos hechos revelan algo más que ineficiencia. “Hay intencionalidad en la quita de pensiones”, sostiene. Cita un caso en el que se utilizó el nombre y matrícula de un médico en auditorías ficticias, lo que derivó en denuncias judiciales.
“Es perverso que se obligue a una persona a viajar 300 kilómetros para una verificación —dice—, o que la hagan esperar en una plaza, en pleno invierno. Eso no es control, es crueldad.”
Políticas con perspectiva de discapacidad
Para Troiano, toda política pública debe incorporar la mirada de la discapacidad desde su diseño. “No es una etiqueta: es pensar cómo impacta cada decisión en la vida de las personas.”
Da un ejemplo simple: las plantillas en braille que permiten a las personas ciegas votar en secreto. “Cuestan poco y garantizan un derecho constitucional, pero aún no se aplican en todo el país”, explica.
REDI impulsa, junto a otras organizaciones, un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo y trabaja en informes ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya pidió explicaciones al Estado argentino por las violaciones detectadas.
Además, REDI trabaja en la visibilización de las mujeres y niñas con discapacidad y participa en la ley de cuidados en debate en el Congreso. “Los derechos se defienden hablando, participando y reclamando nuestra autonomía”, afirma.
Inclusión real: accesibilidad, apoyos y participación plena
Más allá de las pensiones, Troiano reclama acceso a la información y la comunicación en formatos accesibles, transporte y espacios públicos universales, y empleo con apoyos razonables.
“La inclusión no se logra con discursos, sino con rampas, señalética, asistentes personales, acompañantes terapéuticos y escuelas accesibles”, resume.
Y agrega: “Las personas con discapacidad pueden hacer las cosas. Solo necesitan los apoyos adecuados.”
La unidad del movimiento es lo que nos va a garantizar la dignidad
Troiano cierra con una convicción que atraviesa toda su militancia:
“La unidad del movimiento de personas con discapacidad es lo único que va a garantizar el cumplimiento de la Convención. Si hay personas que saben lo que es vivir en la pobreza, somos las personas con discapacidad.”
Conversatorio en La Plata
Jueves 23 de octubre, 17:30 hs
Aula -307, tercer subsuelo del edificio Sergio Karakachoff (calle 48 entre 6 y 7, La Plata, Buenos Aires)
Espacio accesible. Actividad libre y gratuita.
Formulario de inscripción: https://forms.gle/xJEGmRv8AweRfU2F8
Desde Villa María, Córdoba, y como periodista comprometido con la inclusión y la equidad, invito a seguir este debate, visibilizar las problemáticas que atraviesan a las personas con discapacidad y transformar las demandas en políticas públicas con verdadera perspectiva de derechos.