Durante veintiocho años, Clara Goitía vivió sin que nadie escuchara su propia voz. No porque no tuviera nada para decir, sino porque a su alrededor se consolidó una certeza injusta: que su parálisis cerebral impedía toda comprensión. Esa idea se derrumbó cuando, ya adulta, accedió a un sistema alternativo de comunicación que le permitió expresar pensamientos que llevaba toda su vida construyendo en silencio. Allí quedó claro que siempre entendió lo que pasaba a su alrededor, incluso cuando otros decidían por ella.
La historia, conocida a partir de una publicación de La Nación, refleja cómo las barreras más duras no siempre son las físicas sino las que impone el prejuicio. Desde pequeña, Clara quedó atrapada en diagnósticos que la ubicaban en un lugar sin posibilidades. Un jardín de infantes la consideró “ineducable” y, años más tarde, su familia tramitó una curatela para tomar decisiones en su nombre. Todo ocurría bajo la idea instalada de que ella no podía comprender. Su realidad interior, sin embargo, era otra.
Durante mucho tiempo, su única vía de comunicación consistió en una carpeta con dibujos plastificados que llevaba sobre la falda. Señalaba imágenes para transmitir necesidades tan básicas como frío, hambre o incomodidad. Su gesto más profundo de búsqueda se encontraba en la tapa de esa carpeta: un “Quiero decir algo” que quienes la rodeaban interpretaban como un deseo general, sin imaginar que detrás había pensamiento estructurado y lectura del mundo.
Su vida empezó a transformarse cuando un equipo docente le presentó un sistema de comunicación aumentativa. Con ese recurso pudo escribir frases, leer textos y construir diálogos reales. Fue ahí cuando Clara reveló que siempre había comprendido lo que decían los profesionales, los comentarios de su familia y las decisiones tomadas sobre su cuerpo y su vida. La desconexión nunca fue suya. La desconexión era de los otros hacia ella.
Hoy estudia en la universidad y ejerce su autonomía con claridad. La curatela ya no representa su presente. Con apoyos adecuados, participa en sus decisiones cotidianas y proyecta un futuro propio. Lo que cambió no fue su capacidad sino las herramientas disponibles para expresarla.
Como comunicador y activista por los derechos de las personas con discapacidad, este caso marca una obligación colectiva: revisar de manera urgente el modo en que la sociedad interpreta la discapacidad. Clara no es un hecho aislado. Es la muestra visible de un sistema que sigue operando desde un modelo de sustitución de decisiones, heredado del viejo paradigma médico, que todavía condiciona la vida de miles de personas.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene jerarquía constitucional, establece con claridad que todas las personas tienen derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones. El artículo doce exige que los Estados garanticen apoyos para que esa capacidad pueda ejercerse, y no que se reemplace la voluntad de la persona bajo la presunción de incapacidad. Este caso demuestra por qué ese marco legal no es solo un avance normativo sino una herramienta vital para evitar silenciamientos.
La historia de Clara invita a detenerse y revisar qué miradas seguimos naturalizando. ¿Cuántas voces están esperando una herramienta para ser escuchadas? ¿Cuántas decisiones se toman sin consentimiento porque ni siquiera se evalúan los apoyos necesarios? ¿Cuántos silencios son interpretados como incapacidad cuando en realidad son el resultado directo de no brindar acceso a la comunicación?
Clara no recuperó una voz. Esa voz siempre estuvo. Lo que cambió fue la voluntad de construir un puente hacia ella. Y ahí está la verdadera enseñanza de esta historia. Escuchar no es un acto de buena voluntad: es un derecho. Un derecho que aún espera ser garantizado para muchísimas personas en nuestro país.