Una deportista paralímpica sufrió un accidente por falta de rampas y volvió a exponer una falla estructural que afecta la vida diaria de miles de personas
La historia de Lucrecia Gómez, atleta cordobesa en camino a los Juegos Paralímpicos, volvió a poner en debate un problema de fondo que todavía no encuentra respuesta. El accidente ocurrió en Nueva Córdoba, en una esquina sin rampas, donde la vereda se convierte en un límite infranqueable para cualquiera que dependa de una silla de ruedas. Obligada a circular por la calle, Lucrecia fue embestida por un auto que salía de un estacionamiento. Terminó con una fractura en la pierna derecha y con su silla dañada, un golpe duro no solo para su preparación deportiva, sino también para su autonomía cotidiana.
Lo ocurrido expone una fragilidad que no puede seguir naturalizándose. La Municipalidad informó que avanza con obras de accesibilidad, pero esa intersección seguía sin adaptar. Esa distancia entre las promesas oficiales y las necesidades reales es parte del problema: la vida diaria no espera a que los trabajos lleguen.
La falta de rampas no es una particularidad de Córdoba. En gran parte del país, el espacio público todavía excluye a quienes más dependen de una infraestructura pensada para todos. La ausencia de desniveles adaptados afecta por igual a personas con discapacidad motriz, familias que empujan un cochecito, adultos mayores y cualquier vecino que necesite desplazarse sin obstáculos. La accesibilidad no es un privilegio ni un detalle urbanístico, es una condición mínima para garantizar seguridad, independencia y participación plena.
El caso de Lucrecia lo sintetiza con una claridad contundente. Una atleta que entrena para representar al país quedó expuesta a un riesgo evitable por la falta de una rampa. Si eso le ocurre a alguien con un alto nivel de movilidad, disciplina y fortaleza física, el panorama para quienes enfrentan estas barreras todos los días es todavía más complejo.
Su testimonio, lejos de quedar en la anécdota, señala una deuda que trasciende a una ciudad. La accesibilidad debería ser una política prioritaria y sostenida, no una respuesta fragmentada. Las rampas, las veredas adaptadas y los cruces seguros son parte del derecho a vivir con dignidad, y no pueden seguir siendo obras que avanzan a cuentagotas.
La caída de Lucrecia invita a pensar en una realidad que atraviesa a toda la sociedad. Lo que le ocurrió podría haberle pasado a cualquier persona usuaria de movilidad reducida o incluso a una madre que intenta cruzar la calle con un cochecito. Cuando la infraestructura falla, la ciudad se vuelve un obstáculo y la vida se vuelve más riesgosa. El desafío es reconocerlo y actuar con la urgencia que el tema exige.