El asesinato de , un adolescente de 15 años, volvió a instalar en la agenda pública un debate recurrente en la Argentina: la baja de la edad de imputabilidad penal. Frente al dolor social, desde el Gobierno nacional se refuerza una respuesta centrada en endurecer el sistema y habilitar que chicos cada vez más jóvenes puedan ser juzgados como adultos.
Sin embargo, la discusión de fondo no debería limitarse a cuántos años debe tener un menor para ir a la cárcel. La pregunta más incómoda es otra: ¿qué está pasando como sociedad para que un niño o un adolescente llegue a cometer un delito extremo? Reducir el problema a una solución punitiva puede ofrecer una sensación inmediata de orden, pero no aborda las causas estructurales que incuban la violencia.
La desigualdad persistente, la exclusión, el deterioro de la escuela pública, la precarización de la vida cotidiana y la falta de acceso a salud mental no son variables secundarias. Un adolescente no se vuelve violento en el vacío.
Muchas veces hay trayectorias atravesadas por carencias profundas y, en no pocos casos, por la captación de redes delictivas integradas por adultos que permanecen en segundo plano mientras el foco recae sobre el eslabón más débil. Michel Foucault advertía en Vigilar y Castigar que la prisión no solo sanciona, sino que también produce y reproduce marginalidad.
Cuando el sistema penal etiqueta y encierra sin transformar las condiciones de origen, corre el riesgo de consolidar aquello que pretende erradicar. Traer esa reflexión al presente obliga a preguntarnos si ampliar el castigo sobre adolescentes resolverá la violencia o profundizará circuitos de exclusión.
La narrativa oficial que prioriza la mano dura puede resultar efectiva en términos discursivos, pero merece ser interpelada. El dolor de las víctimas es real y exige justicia, pero justicia no es sinónimo automático de endurecimiento penal.
Una política pública seria debería integrar prevención, acompañamiento temprano, fortalecimiento familiar, educación de calidad y una estrategia firme contra las organizaciones criminales que reclutan menores. Cuando el debate se limita a bajar la edad de imputabilidad, el eje se desplaza: dejamos de discutir cómo proteger a nuestros niños para discutir cómo castigarlos.
Tal vez el problema no sea solo la edad que fija el Código Penal, sino nuestra incapacidad histórica de construir un entramado social que no expulse a los más vulnerables.Mientras discutimos edades y penas, hay familias que lloran y adolescentes que crecen sin horizontes claros. Si la única respuesta que ofrecemos es la cárcel, quizá estemos llegando demasiado tarde.