Escribe: Gustavo Billarruel
El malestar ya no necesita explicación técnica. Se percibe en la calle, en los comercios, en los hogares. No alcanza con mostrar índices o gráficos ordenados cuando la experiencia diaria marca otra cosa: la vida se volvió más difícil, más incierta, más frágil.
La promesa de que el ajuste traería estabilidad y crecimiento no encuentra hoy correlato en la realidad social. La economía, presentada como solución, no logra aliviar: impacta de lleno en lo cotidiano.
En ese contexto, surge una pregunta inevitable: ¿quién define los tiempos? ¿Quién establece cuánto más se puede esperar? La política debería funcionar como una herramienta para dar respuesta a esas urgencias, pero lo que predomina es una sensación de distancia entre las decisiones y la vida real.
No aparecen medidas concretas que den respuesta a quienes estudian, trabajan, buscan empleo o intentan sostener su actividad.
La situación se vuelve más evidente en lo inmediato. Un jubilado necesita acceder a su medicación hoy. Un trabajador necesita estabilidad hoy. Quien alquila enfrenta precios cada vez más difíciles de sostener sin un marco que ordene el mercado.
La discusión de fondo queda desplazada mientras lo urgente avanza. En ese escenario, crecen las dudas: ¿qué proyecto de país se está construyendo? ¿Dónde están las políticas que impulsen la producción, el consumo y el trabajo? ¿Dónde se ve reflejada la inversión en la vida concreta de la gente?
Al mismo tiempo, se profundizan decisiones que impactan directamente en el entramado social: despidos, recortes y una menor presencia del Estado en áreas sensibles. Se habla de eficiencia, pero en muchos casos eso se traduce en menos acceso.
Se habla de libertad, pero las condiciones reales se vuelven más restrictivas para amplios sectores. A esto se suma una percepción cada vez más extendida: quienes toman decisiones no atraviesan las mismas consecuencias. Cuentan con márgenes que no están al alcance de la mayoría.
También hay un plano simbólico que empieza a mostrar señales de deterioro. Cuando determinados sectores son señalados como un gasto o una carga, se debilita la idea de comunidad.
La salud, la educación y la ciencia dejan de ser concebidas como derechos y pasan a ser variables de ajuste. En ese punto, la sociedad deja de pensarse como un proyecto colectivo y se fragmenta en realidades individuales cada vez más desiguales.
Frente a este panorama, la indignación por sí sola no alcanza, pero marca un límite. Implica no naturalizar el deterioro, sostener la capacidad de preguntar y de cuestionar.
La política, en su mejor expresión, debería ser la herramienta capaz de intervenir sobre esa realidad, de ordenar prioridades y de abrir alternativas donde hoy parece no haberlas.
Recuperar la idea de que otra realidad es posible no debería quedar en una consigna. Supone decisiones concretas, con impacto directo en la vida de las personas. Porque si la economía no mejora las condiciones de vida, pierde sentido como herramienta.
Y si la política no logra dar respuestas a la sociedad, se aleja de su función esencial. La discusión de fondo sigue abierta: no solo cómo se llegó a este punto, sino qué se está dispuesto a hacer para cambiarlo.
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