El Senado de la Nación aprobó el 26 de febrero de 2026 la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y cuestionamientos ambientales.
El proyecto obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, y quedó con media sanción, por lo que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley definitiva.
La iniciativa, impulsada por el oficialismo, introduce modificaciones en los criterios técnicos para la delimitación de áreas protegidas y en la regulación de actividades productivas en zonas periglaciares.
Desde el Gobierno sostienen que la actualización corrige parámetros que generaban restricciones excesivas para el desarrollo de inversiones vinculadas principalmente a la minería y a proyectos energéticos en distintas provincias cordilleranas.
En cambio, sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas advirtieron que los cambios pueden implicar un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
Señalan que la flexibilización de ciertos controles podría habilitar intervenciones en territorios sensibles, con impacto directo sobre ecosistemas frágiles y comunidades locales.
El debate en el recinto volvió a poner en primer plano una discusión de fondo que atraviesa a la Argentina desde hace años: cómo compatibilizar el impulso a actividades extractivas con la preservación de bienes naturales considerados estratégicos.
Con la media sanción ya aprobada, la definición final quedará en manos de Diputados, en un escenario donde la cuestión ambiental continúa ocupando un lugar central en la agenda pública.
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