El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso, con la intención de debatir una batería de reformas que podrían transformar de fondo varios aspectos del Estado argentino.
La prioridad para el oficialismo es la aprobación del Presupuesto 2026, seguido por la esperada reforma laboral. Pero el proyecto oficial no se detiene allí: también planea avanzar con cambios en materia penal, tributaria, ambiental y en la regulación del ahorro individual.
Qué leyes forman parte de la agenda
- Presupuesto 2026: Será el primer proyecto en ser tratado por la Cámara de Diputados. El Gobierno estima un crecimiento de 4,5 % del PBI para 2026, una inflación anual de entre 7 % y 12 %, y prevé un superávit primario del 2,2 % del PBI, con un tipo de cambio proyectado en $1423.
- Reforma laboral: Se presentaría el 9 de diciembre y se enfocará en el sector privado, sin modificar la normativa del empleo público. Entre sus ejes se destaca una reducción de la litigiosidad laboral, cambios en la carga fiscal para empresas, reformas en la democracia sindical y ajustes en los convenios colectivos.
- Ley de Inocencia Fiscal: El proyecto permitiría que quienes ahorren en el país no deban justificar el origen de sus fondos, generando una suerte de blindaje ante eventuales futuros controles por parte de nuevas administraciones.
- Reforma del Código Penal de la Nación: El nuevo régimen propone agravar las penas para una amplia gama de delitos y declara imprescriptibles aquellos considerados especialmente graves, como homicidio agravado, abuso sexual, trata de personas, narcotráfico, terrorismo, entre otros. Además, prevé penas perpetuas sin límite temporal y amplía los alcances de la legítima defensa.
- Inicio de la reforma tributaria: Al menos una parte del paquete tributario también ingresará al Congreso durante estas sesiones extraordinarias.
- Modificación de la Ley de Glaciares: La reforma busca flexibilizar las regulaciones ambientales en zonas periglaciares, de modo que las provincias puedan decidir sobre la explotación de sus recursos, lo que —según el Gobierno— favorecería inversiones mineras.
Estrategia y contexto político
El bloque oficialista ya logró convertirse en primera minoría en la Cámara de Diputados, con 95 bancas, lo que le da una base sólida para buscar la aprobación de estos proyectos.
Para facilitar el entendimiento y el respaldo de gobernadores provinciales, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con más de 20 mandatarios provinciales considerados “dialoguistas”, en una clara apuesta por asegurar los votos necesarios.
Fuentes del Ejecutivo revelaron que aunque la reforma laboral podría lograr media sanción antes de fin de diciembre, otros proyectos —como la reforma penal o tributaria— podrían demandar más tiempo; se baraja incluso una nueva convocatoria a sesiones en febrero o su tratamiento durante el período ordinario.
Qué implican estas reformas
Para el Gobierno, la combinación de estas iniciativas representa un intento de reconfigurar el Estado: reducir costos, dinamizar la actividad privada, promover inversiones y reformar estructuras laborales y judiciales. También se busca dar señales de estabilidad fiscal con un presupuesto que apunte a lograr superávit.
Para muchos ciudadanos —especialmente trabajadores, sectores sindicales y organizaciones ambientales—, las medidas podrían implicar riesgos: menor protección laboral, flexibilización de derechos colectivos, cuestionamientos sobre la protección ambiental en zonas sensibles, y una transformación profunda del marco penal.
En los próximos días, el llamado a extraordinarias y el temario oficial darán forma al debate que podría definir el rumbo político y económico de los próximos años.