El Gobierno nacional prepara una ola de recortes en la administración pública con la mirada puesta en los contratos que vencen en diciembre próximo. Según el anuncio del jefe de gabinete, se pondrá en marcha una auditoría general en todas las carteras, con la intención de reducir la planta estatal en torno al diez por ciento.
En los hechos, ese ajuste implicará no renovar miles de contratos estatales, afectando tanto ministerios como organismos descentralizados (entre ellos entidades científicas, de investigación y medios públicos). La cifra estimada alcanza a unas 30 mil personas que podrían perder su empleo en el corto plazo.
La noticia generó inmediata inquietud en los sindicatos. Para el titular del principal gremio estatal, la medida no responde a cuestiones presupuestarias sino a una decisión de carácter ideológico.
Ante la magnitud del recorte anunciado, se empieza a barajar la posibilidad de adelantar protestas: desde algunas organizaciones advierten que podrían llamar a paros en los próximos días.
Este ajuste se suma al escenario de despidos y cierres industriales que ya golpean a distintos sectores del país, lo que incrementa la preocupación por el futuro del empleo formal y la estabilidad de numerosos trabajadores.