El 28 de septiembre de 2005 fue la última vez que alguien vio a Mariela Alejandra Bessonart. Tenía 38 años, tres hijos, y una vida que parecía transitar la rutina de tantas mujeres de Villa María. Veinte años después, su nombre sigue habitando pancartas, marchas y charlas de sobremesa. Pero lo que debería ser un recuerdo se transformó en ausencia y lo que debería ser justicia se volvió demora, sospecha e impunidad.
El silencio como escenario
La versión oficial del inicio fue simple: su ex esposo, Rodolfo Delpino, dijo haberla dejado en el centro para hacer trámites bancarios. Desde entonces, nada. Ninguna cámara, ningún testigo contundente, ninguna huella que despejara el misterio. La justicia avanzó y retrocedió como si la causa se moviera sobre un tablero de arena movediza: indagatorias, prisiones preventivas, imputaciones que cambiaban de figura y, en el medio, la espera interminable.
El expediente, al día de hoy, acumula 20 años de papeles y casi ninguna certeza. Se excavaron campos, se hallaron documentos enterrados, se peritaron teléfonos. Y sin embargo, Mariela nunca apareció.
La justicia que tarda es injusticia
No se trata solo de un caso judicial inconcluso. Se trata de una radiografía del sistema:
Demoras interminables que hacen naufragar testimonios y diluyen pruebas.
Juicios suspendidos, audiencias pospuestas y expedientes que se encajonan mientras la vida de los familiares se congela.
Un cuerpo ausente que se convierte en excusa para postergar la verdad. El tiempo, que debería ser un aliado para encontrar respuestas, se convirtió en cómplice de la impunidad.
El duelo negado
Los hijos de Mariela crecieron en un limbo. Una madre ausente, un padre imputado, y una sociedad que nunca terminó de ofrecerles la claridad que merecían. Para ellos, el duelo fue un derecho negado. Para la comunidad de Villa María, la desaparición se volvió una marca de dolor compartido: cada aniversario es una pregunta que se repite con insistencia: ¿Qué pasó con Mariela?
La ciudad aprendió a convivir con un vacío incómodo, con marchas que se multiplican cada septiembre y con un expediente que, en lugar de acercar respuestas, se aleja con cada año que pasa.
Veinte años después
El caso Bessonart es mucho más que una historia policial. Es un espejo de cómo el sistema judicial argentino suele fallar cuando las víctimas son mujeres. Es también la confirmación de que la impunidad no es solo la falta de condena: es también la demora, la indiferencia, la burocracia que devora la esperanza.
A veinte años, la pregunta ya no es solo quién fue responsable de su desaparición. La pregunta que late es por qué el Estado no pudo —o no quiso— garantizar verdad y justicia en dos décadas.
La memoria como resistencia
Frente a esa ausencia, lo que queda es la memoria. Recordar a Mariela es más que un acto de homenaje: es un gesto político. Es reclamar que la desaparición de una mujer en plena democracia no se naturalice, que no se archive como un expediente viejo.
Porque si veinte años después seguimos preguntando “¿Dónde está Mariela?”, la respuesta pendiente no es solo para su familia: es para toda una sociedad que no puede aceptar que el silencio sea el desenlace.