La mañana de este viernes tuvo como escenario un clima de inquietud creciente entre los conductores de aplicaciones de transporte. A las 10:00, un grupo numeroso de trabajadores de Uber y DiDi llegó al Concejo Deliberante para plantear su preocupación por la puesta en marcha de la nueva ordenanza que regula el servicio en Villa María.
En la reunión, encabezada por el concejal Manuel Sosa (Uniendo Villa María), los choferes expusieron una serie de dificultades derivadas de la inminente implementación del marco normativo: plazos que consideran imposibles de cumplir, trámites administrativos complejos, requisitos operativos que requieren inversiones inmediatas y un escenario que —según advirtieron— podría dejar a muchos sin trabajar.
Los trabajadores también remarcaron el impacto que esta situación ya genera en los usuarios, especialmente en quienes dependen de estas aplicaciones para trasladarse al trabajo, estudiar o resolver actividades esenciales. “No es solo un problema laboral, también es un problema social”, resumió uno de los presentes.
Tras escuchar las intervenciones, Sosa presentó oficialmente un proyecto de ordenanza que ingresó hoy mismo al Concejo. La iniciativa propone dos medidas concretas:
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Extender por 60 días el plazo de implementación de la ordenanza vigente, con el objetivo de permitir una transición ordenada y realista, sin sanciones intempestivas ni interrupciones del servicio.
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Crear una mesa de trabajo permanente entre el Municipio, los representantes de las aplicaciones y los conductores. La meta: avanzar en una regulación practicable, consensuada y que garantice previsibilidad tanto a quienes trabajan como a quienes utilizan estos servicios.
“La regulación es necesaria, pero también debe ser posible”, sostuvo Sosa al concluir el encuentro. Y agregó: “No podemos desconocer la realidad de quienes manejan ni la necesidad de miles de vecinos que dependen de estas aplicaciones para su movilidad diaria. El diálogo y los tiempos razonables son claves para evitar una crisis mayor”.

