Europa empieza a marcarle límites al negocio digital sobre menores y España y Francia se ubican en la primera línea de esa avanzada regulatoria.
Con diferencias en los detalles, pero con un diagnóstico compartido, los gobiernos de Pedro Sánchez y Emmanuel Macron endurecen sus marcos legales para restringir el acceso de adolescentes a las principales plataformas y discutir el poder que ejercen sobre la vida cotidiana.
La preocupación no es aislada. En ambos casos el argumento central gira en torno a la salud mental, la exposición a discursos de odio, la desinformación y el diseño adictivo de algoritmos que capturan la atención desde edades cada vez más tempranas.
El debate, sin embargo, excede lo sanitario y se instala en el terreno político: qué rol debe asumir el Estado frente a corporaciones tecnológicas que operan a escala global y que influyen en la formación, los vínculos y el consumo cultural de millones de jóvenes.
En España, Sánchez presentó en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái un plan que propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y avanzar con sistemas obligatorios de verificación de edad.
La iniciativa, que deberá ser debatida en el Parlamento, contempla además la posibilidad de establecer responsabilidad legal para directivos de plataformas que no retiren contenidos ilegales o perjudiciales. Desde el Ejecutivo sostienen que se trata de fijar reglas claras frente a entornos digitales que hoy funcionan con controles insuficientes.
El anuncio abrió un debate político y social. Quienes respaldan la medida entienden que el Estado debe intervenir ante un fenómeno que atraviesa la vida cotidiana de los menores, del mismo modo que existen límites para otras prácticas consideradas de riesgo.
En cambio, sectores críticos advierten sobre las dificultades técnicas para garantizar una verificación de edad eficaz y alertan sobre posibles impactos en la privacidad y la libertad de expresión si se recurre a mecanismos masivos de identificación.
Francia avanza en una línea similar, aunque con un umbral distinto. El gobierno de Macron impulsa una ley que fija en 15 años la edad mínima para acceder a redes sociales y que ya obtuvo respaldo en la Asamblea Nacional. “Los cerebros de nuestros adolescentes no están a la venta”, afirmó el presidente al defender la iniciativa, en referencia al modelo de negocio basado en la explotación de la atención y los datos personales.
La normativa francesa obliga a las plataformas a bloquear cuentas que no cumplan con la edad permitida y se complementa con restricciones al uso de teléfonos móviles en establecimientos educativos. Al igual que en España, el argumento central es la defensa del desarrollo integral de niños y adolescentes frente a sistemas digitales diseñados para maximizar la permanencia y el consumo.
Más allá de las diferencias en los límites etarios, Madrid y París comparten una premisa: el mercado tecnológico no puede autorregularse cuando se trata de menores. Esa coincidencia refleja un clima político más amplio en Europa, donde crece la idea de que el poder de las grandes plataformas requiere marcos regulatorios más firmes.
Entre quienes reclaman mayor protección y quienes advierten sobre eventuales excesos regulatorios, la discusión expone una tensión de fondo. Cómo equilibrar derechos individuales, innovación tecnológica y responsabilidad pública en una era en la que la infancia también se convirtió en territorio de disputa económica y política.