Brasil vuelve a vivir días convulsos bajo el pretexto de una vieja consigna: la “guerra contra las drogas”. En Río de Janeiro, las operaciones policiales vuelven a teñir de sangre los barrios más pobres, mientras los discursos oficiales justifican lo injustificable. Sin embargo, la sociedad civil, los activistas y hasta dirigentes políticos locales coinciden en algo: esta guerra no solo es un fracaso, sino una excusa para mantener un orden desigual y funcional a ciertos intereses.
El gobierno del estado de Río, encabezado por un mandatario afín al expresidente Jair Bolsonaro, insiste en una estrategia que prioriza la represión sobre la inclusión. Las cifras son contundentes: miles de muertos en las favelas, la mayoría jóvenes negros y pobres, y ningún avance real en el control del narcotráfico. La violencia estatal parece haberse institucionalizado como política pública, mientras los verdaderos beneficiados del negocio ilícito siguen moviendo sus fichas en las sombras.
Detrás de esa lógica de “mano dura” se asoma un viejo patrón que América Latina conoce bien. Cada vez que un país intenta pensar con autonomía económica o política, aparecen los discursos del orden, la seguridad y la moral como instrumentos de control. Y, casualmente, los gobiernos más alineados con Washington terminan repitiendo esas recetas, presentadas como luchas por la libertad, pero que en la práctica solo refuerzan la dependencia y el miedo.
No es casualidad que este gobernador, cercano al bolsonarismo, comparta afinidades ideológicas con sectores del trumpismo estadounidense. Ambos representan un mismo modelo político: conservador en lo moral, autoritario en lo social y profundamente servil ante el poder económico global. Estados Unidos ha sido históricamente el gran promotor de la “guerra contra las drogas”, una bandera que, en lugar de resolver el problema, ha servido para intervenir, condicionar y moldear las políticas de seguridad de todo el continente.
Lo que ocurre hoy en Río no puede analizarse aislado del contexto regional. Mientras Brasil busca fortalecer su posición internacional con políticas de integración y soberanía, los sectores más conservadores intentan reinstalar el miedo como forma de control social. Y cada vez que un país latinoamericano crece, produce o piensa distinto al poder hegemónico, surgen —como si fuera una coincidencia— desestabilizaciones internas, campañas mediáticas y presiones externas.
La “guerra contra las drogas” en Brasil no es solo un fracaso operativo: es un síntoma político. Expone la desigualdad estructural, el racismo institucional y la fragilidad democrática que deja a millones de ciudadanos expuestos a un Estado que dispara antes de preguntar. Y al mismo tiempo, revela cómo los discursos de seguridad se convierten en herramientas de alineamiento ideológico con potencias que históricamente han usado América Latina como tablero de sus intereses.
En el fondo, lo que está en disputa no es solo el control de las drogas, sino el control de los pueblos. Porque mientras unos luchan por sobrevivir en las favelas, otros siguen diseñando, desde lejos, las reglas del juego.