La violencia en los morros de Río de Janeiro alcanzó niveles estremecedores. A los sesenta y cuatro muertos confirmados el martes tras la incursión policial en las favelas, se sumaron en las últimas horas otros sesenta y ocho cuerpos hallados por los vecinos. Con más de ciento treinta víctimas, el operativo ordenado por el gobernador Cláudio Castro se convirtió en una de las mayores matanzas urbanas de las últimas décadas en Brasil. Detrás del horror, emergen nuevas lecturas: según la especialista Sabina Frederic, el trasfondo del operativo no fue la lucha contra el narcotráfico, sino un movimiento político para desafiar a Luiz Inácio Lula da Silva y reposicionar al bolsonarismo en el tablero regional.
El argumento oficial habla de un operativo “antinarco”, pero los testimonios que llegan desde los morros describen otra escena. Vecinos relataron que las ambulancias no pudieron ingresar durante horas, que los cuerpos permanecieron tendidos en las calles y que muchos presentaban señales de ejecución: manos atadas, disparos en la nuca y heridas de remate a corta distancia. Organismos de derechos humanos denuncian el uso desmedido de la fuerza y advierten sobre una posible política de exterminio dirigida a comunidades pobres y afrodescendientes.
Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU exigieron una investigación inmediata e independiente. En un comunicado conjunto, expresaron su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales y reclamaron al Estado brasileño que garantice la integridad de testigos y familiares de las víctimas. Mientras tanto, el gobierno de Castro insiste en que los muertos pertenecían al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Río.
Para Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad y analista regional, el operativo no puede entenderse sin su contexto político. “El trasfondo fue desafiar la negociación de Lula y sostener la agenda bolsonarista”, afirmó. Desde su mirada, la intervención fue más una jugada de poder que una acción de seguridad. La estrategia, explica, busca reinstalar el discurso de “mano dura” y presentarse ante la opinión pública como una fuerza capaz de imponer autoridad en los territorios donde el Estado está ausente.
Esa visión encuentra eco en sectores académicos y sociales que advierten sobre la militarización creciente de la política brasileña. La doctrina de seguridad heredada del bolsonarismo asocia delito con pobreza y convierte la represión en un lenguaje político. En ese marco, la operación en los morros aparece como una advertencia: una forma de disciplinamiento social que golpea donde la vulnerabilidad es mayor.
El operativo también reactivó un debate estructural: el rol de las milicias en Río de Janeiro. Conformadas por ex policías y civiles armados, estas redes compiten con las organizaciones narco y controlan territorios mediante la extorsión. Según Frederic, la intervención pudo haber favorecido indirectamente a esos grupos, debilitando a un actor criminal rival y consolidando un orden paralelo que el propio Estado no controla.
El impacto social es devastador. Familias enteras buscan a sus desaparecidos, los barrios permanecen militarizados y la desconfianza hacia las autoridades crece con cada testimonio que contradice la versión oficial. En las calles, los vecinos encendieron velas y levantaron murales improvisados con una consigna que resume el sentimiento colectivo: “No queremos más guerra. Queremos vivir.”
El caso ya trascendió las fronteras de Brasil. Diversos organismos internacionales pidieron explicaciones al gobierno de Lula, que, aunque no tuvo injerencia directa en el operativo, deberá responder por las garantías de los derechos humanos en su territorio. El silencio prolongado de las autoridades nacionales alimenta la sospecha de una tensión política interna que el bolsonarismo busca capitalizar.
Río de Janeiro vuelve a mostrar su herida más profunda: un Estado que castiga a los pobres en nombre de la seguridad. En los morros donde la vida vale menos que una bala, la violencia dejó de ser un instrumento de control territorial para convertirse en una herramienta de disputa política. Y mientras la justicia aún no llega, las familias siguen esperando poder enterrar a sus muertos con dignidad.